La Fiscalía investiga si en la residencia Caser de la pedanía murciana de Santo Ángel, en la que ha fallecido más de una docena de residentes víctimas del coronavirus, se ha producido un delito de omisión del deber de socorro por parte de los médicos y profesionales sanitarios que debían vigilar la salud de las personas alojadas. Las familias de varios ocupantes del centro han denunciado ante los tribunales el posible abandono de las personas mayores que vivían en la residencia y del personal que se encargó de cuidarlas hasta que estas quejas dieron lugar a la intervención de la Consejería de Salud. A partir de entonces el personal del Servicio Murciano de Salud se hizo cargo de la atención a los residentes y también asumió la comunicación con las familias de los internos, a las que se negaba cualquier información sobre sus parientes.
En la denuncia de una de las familias se pide al juez que investigue las condiciones en las que se encontraban los residentes de este centro cuando se produjo la intervención de la Consejería, así como las responsabilidades que podrían derivarse de falta de medidas para proteger a las personas mayores que estaban alojadas, pese a ser uno de los colectivos más vulnerables ante la pandemia.
Tras la denuncia presentada en el Juzgado de Instrucción número Dos, que después se amplió mediante un escrito enviado al Juzgado número Nueve, la Fiscalía está investigando si las circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento de más de una docena de residentes pueden obedecer a un posible delito de omisión del deber de socorro por parte de los profesionales sanitarios a cargo del centro, que está contemplado en el artículo 196 del Código Penal. Este delito puede dar lugar a la inhabilitación para ejercer la profesión y para desempeñar cualquier cargo público.
Entre las medidas cautelares solicitadas en la denuncia se pide igualmente al juez que cite al consejero de Salud, Manuel Villegas, y a dos responsables de la compañía propietaria de la residencia para determinar sus responsabilidades, el director general de Caser, Valentín García, y Pablo Rubio, director de operaciones.
Según los últimos datos facilitados por la Consejería, desde que se inició la pandemia de coronavirus han resultado contagiados 151 ocupantes de las residencias de mayores y de personas con discapacidad, 42 de los cuales habían fallecido. También han contraído la enfermedad 76 trabajadores.
En total hay cinco residencias con personas enfermas por el Covid-19, cuatro de personas mayores y un centro de personas con discapacidad.
El consejero de Salud destacaba ayer que en la Región solo se han producido brotes de coronavirus en cuatro residencia de mayores, mientras que hay 220 repartidos por todos los municipios murcianos, lo que arroja una proporción muy inferior a la de otras comunidades autónomas.
