El Gobierno central ha retirado a Murcia 31 millones asignados al Servicio de Empleo y Formación (SEF), lo que pone en peligro las actuaciones destinadas a la búsqueda de un puesto de trabajo a los parados de la Región, según dijo este jueves el consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Por su parte, la portavoz del Ejecutivo regional, Ana Martínez Vidal, defendió que Murcia necesita aprobar las cuentas de este año para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus y aseguró que se trata de «un presupuesto de guerra».

Miguel Motas explicó que un real decreto publicado este miércoles en el BOE permite el uso de los ingresos derivados de la cotización por formación profesional para el pago de las prestaciones por desempleo y se lamentó de que esta disposición supone para Murcia la pérdida 30.783.267,90 euros.

El consejero criticó que el Gobierno central haya tomado la decisión de forma «unilateral» y dijo que supone la pérdida de «casi el 32% del presupuesto total del Servicio de Empleo y Formación».

Reprochó al Ejecutivo central que «adoptara la medida sin ningún tipo de consulta previa» a las autonomías, lo que pone de manifiesto «el menosprecio del Ministerio al papel que realizan las comunidades autónomas para colaborar a mantener el empleo, al eliminar prácticamente la posibilidad de poner en marcha políticas activas de empleo en su territorio».

Por su parte, la consejera de Empresa y portavoz del Ejecutivo regional recordó que el presupuesto de la Comunidad para 2020 supone solo un aumento de 110 millones respecto al año anterior y aseguró que las cuentas pendientes de aprobación en la Asamblea constituyen «un presupuesto de guerra. Nos está quitando presupuesto a las comunidades, porque tienen un problema de liquidez», señaló. Según la portavoz, Murcia «no tiene margen de maniobra» en un escenario de déficit como el actual.

Por otra parte, la portavoz del Ejecutivo murciano exigió a la Administración central que exima a los autónomos durante el estado de alarma por el coronavirus del pago de las cuotas a la Seguridad Social. Martínez Vidal dijo que «con los 100.000 autónomos que pagan en torno a 300 euros mensuales a la Seguridad Social en la Región», si el Gobierno pretendiera hacer lo mismo que va a hcer la Comunidad de Madrid, que piensa pagar las cuotas de los autónomos, «tendría que desembolsar unos 60 millones de euros, que no tiene capacidad para asumir».