La Asociación de Directivos de la Región de Murcia (Adimur) ha realizado una encuesta entre sus asociados para valorar la gestión de la crisis del Covid-19 por parte de los gobiernos central y regional.
Los resultados del sondeo, que se ha realizado entre los días 30 y 31 de marzo, muestran que un 82,5% de los directivos encuestados de Adimur da un suspenso a la gestión y a las medidas adoptadas por el Gobierno de España para hacer frente a la crisis del coronavirus, mientras que el 51% otorga un aprobado muy justo a la actuación y a las medidas económicas y laborales implantadas por la Comunidad Autónoma para salir de la crisis del Covid-19.
Los directivos murcianos están insatisfechos en su amplia mayoría con la gestión general y las medidas económicas y laborales implantadas el Gobierno de la España. Señalan que resultaron tardías para la contención de la propagación y critican que la falta de concreción y el desorden en la implantación de medidas ha penalizado mucho en la opinión de los directivos, muchos de los cuales, además, indican estar desorientados.
En cuanto a la opinión sobre el Gobierno regional, los directivos murcianos están moderadamente satisfechos en su mayoría con la gestión general y las actuaciones implantadas hasta fecha, en las que su competencia actual es muy moderada.
El Ejecutivo regional consigue esta puntuación gracias a que las medidas de contención implantadas hasta la fecha están consiguiendo que el impacto del Covid-19 en la Región sea muy inferior al del resto de España y que el sistema sanitario, de momento, no haya colapsado.
Antonio López, presidente de Adimur, recuerda que “en estos momentos de estado de alarma, el Gobierno central es la máxima autoridad competente para la adopción de medidas”. Por ello, desde la asociación reclaman más medidas dirigidas tanto a empresas y autónomos, como al sistema de salud y, sobre todo, que se realicen y hagan llegar ya.
En materia económica, se solicita que se termine de regular la implementación práctica de las líneas ICO para que los bancos puedan comenzar a conceder préstamos a su amparo, llegando la liquidez necesaria a empresas y autónomos para evitar el colapso del sistema.
Se piden moratorias fiscales acordes al impedimento de la actividad, la eliminación temporal de impuestos, exonerar a los autónomos del pago de la cuota mensual en sectores afectados y la asunción por parte del Estado de parte de costes de luz, agua y gas, tanto de empresas como de particulares.
También se solicitan criterios transparentes de gestión: información veraz, cuantificar recursos, marcar objetivos e indicadores de cumplimiento. Los directivos piden la congelación del pago de cuotas de préstamos, a lo sumo, pago de intereses, diluyendo éstas durante la vida pendiente del préstamo; así como simular la situación en la que vamos a estar cuando se levante el estado de alarma, para poder definir y tener preparadas las ayudas, actuaciones, incentivos y necesidades de todo lo relacionado para reactivar la economía.
En términos de empleo, se reclama una legislación laboral consensuada con la patronal y asociaciones empresariales para la gestión y legislación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y de los ERE.
Reclaman una flexibilización de los ERTE con el fin de que puedan acogerse todas las empresas afectadas, independientemente del grado en que se hayan visto afectadas. Además, solicitan compensaciones a empresas declaradas esenciales, sin actividad y que no pueden acogerse al ERTE de sus trabajadores y una autorización de mantenimiento de una actividad mínima en todos los sectores incentivando el teletrabajo.
Por último, en el ámbito del sistema sanitario, se pide una gestión más activa y coordinada para comprar o producir internamente los equipos de protección individual (EPI) necesarios “para todos los héroes de esta crisis”. También, solicitan una coordinación protocolizada de los sistemas públicos, ayuntamientos, y Consejería de Educación, así como criterios transparentes de gestión: información veraz, cuantificar recursos, marcar objetivos e indicadores de cumplimiento.
La encuesta, realizada durante 24 horas entre los días 30 y 31 de marzo, ha contado con la participación de 82 directivos asociados a Adimur.
