El consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, ha anunciado que el Ejecutivo regional, junto con los de otras comunidades autónomas, está estudiando la "validez legal" de la decisión del Gobierno central de autorizar el uso de los ingresos derivados de la cotización por formación profesional para el pago de prestaciones por desempleo.

En una rueda de prensa ofrecida por vía telemática, Motas ha indicado que varias autonomías están valorando la validez de esta autorización porque las partidas que reciben los diferentes territorios para la formación profesional tienen carácter finalista y su periodicidad es anual.

El titular de Empleo ha denunciado que en el caso de la Región de Murcia, esta medida supondrá dejar de percibir 30.783.267 euros, una cifra destinada a la puesta en marcha de políticas activas de empleo que equivale al 32 por ciento del presupuesto total del Servicio de Empleo y Formación (SEF).

Asimismo, ha señalado que esta decisión, que ha sido tomada "de forma unilateral", es "una injerencia y un menosprecio" por parte del Gobierno de la Nación a las Comunidades y refleja la "ausencia de sintonía" entre éste y las administraciones autonómicas, que necesitan ese dinero para impulsar políticas activas de empleo.

Este "recorte" afectará, según ha agregado el consejero, a "todo lo que tiene que ver con la formación de personas que buscan empleo", que "son los que más apoyo necesitan". "Nos dejan prácticamente sin poder ejecutar" acciones en este sentido, ha remarcado Motas, a preguntas de los periodistas.

"No tenemos margen de maniobra con los presupuestos"

La consejera de Empresa, Industria y Portavocía, Ana Martínez Vidal, ha advertido este jueves que el Ejecutivo murciano "no tiene margen de maniobra" en los presupuestos regionales, que se han elaborado "diseñados en un escenario de déficit".

Martínez Vidal, que ha comparecido en rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno, ha reiterado la necesidad de aprobar los presupuestos "cuanto antes". "Es un presupuesto de guerra, diseñado en un escenario de déficit", ha destacado.

De manera que el Gobierno regional "trabaja ya en adaptar los presupuestos a la nueva situación de crisis". Según ha manifestado, "es una prioridad aprobarlos cuanto antes, junto con un plan estratégico para toda la Región Post COVID-19".

Aunque ha reconocido que la mayor cantidad de partidas "están comprometidas" y que una partida de sanidad no se puede destinar a pymes o autónomos, ha apostado por "ser responsables y aprobarlos, porque sin ellos el margen de maniobra es pequeño, de manera que se están volviendo a estudiar partidas que permiten esa reformulación".

En esta línea, ha explicado que se está diseñando, con la colaboración de todos los sectores sociales y económicos, "una estrategia regional que concentrará medidas de recuperación en todos los ámbitos, especialmente a nivel social, industrial, empresarial y laboral de cuyo avance se irá informando".

En concreto, ha puntualizado, los presupuestos de Murcia suponen 110 millones de euros más, pero el Estado, lamenta, "nos está quitando presupuesto a las comunidades, porque tienen un problema de liquidez".

"Esos 31 millones destinados a políticas activas de empleo que tan necesarios serán para la recuperación de esta crisis y el Estado destinará, de forma unilateral, a la prestación por desempleo sin contar con las comunidades", ha criticado.

Preguntada por si está cifrado el impacto económico en la Región de Murcia, ha advertido que las cifras "varían por horas", ya que la previsión que se manejaba inicialmente de caída del PIB de un 30 por ciento, "puede ser que se supere, pero aún es pronto".