El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera se está quedando vacío por el coronavirus y la Justicia lo ve un motivo de fuerza mayor para que se vaya liberando a la gente. La titular del Juzgado de Instrucción Nº 9 de Murcia, Olga Reverte, que tiene asignado el control del CIE, así lo estima en un auto.

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La asociación Convivir Sin Racismo lleva días pidiendo que se libere a todos los internos. Y es que países africanos como Marruecos, Argelia y Senegal han blindado sus fronteras como consecuencia de la pandemia de coronavirus. El primero de ello no permite acceder al país ni a sus nacionales. Se da la circunstancia de que se trata de los principales lugares receptores de inmigrantes 'sin papeles' deportados desde la Región de Murcia. Enviar de nuevo a estas personas a su país de origen es algo que, debido a la situación, ahora mismo no se puede hacer, dadas restricciones que los estados han impuesto por la epidemia, que en España ha costado la vida a casi 5.000 personas.

En el auto, la jueza detalla que el 23 de marzo se liberó a 32 internos; el día 25, a seis más, que quedaron a disposición de CEPAIM; en el día de ayer salieron dos y quedan 50 que serán puestos en libertad "paulatinamente".

De la petición de la ONG se dio traslado a la Fiscalía, que no se opone a la "liberación paulatina de los internos ingresados en el Centro de internamiento cuya expulsión no sea posible materializar". Así las cosas, la jueza dispone que "debido a la actual situación generada por la crisis y las consecuencias generadas tanto a nivel nacional como internacional, que han llevado estas últimas al cierre de las fronteras con alguno de los países de nuestro entorno, entre ellos Marruecos y Argelia, que continúe el procedimiento de la liberación paulatina de los internos ingresados en el CIE cuya expulsión no sea posible materializar, adoptando para ello las medidas necesarias para cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020 de 14 de Marzo que establece el estado de alarma en todo el territorio nacional, debiendo producirse la liberación de forma escalonada previa notificación al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a fin de derivar a los ciudadanos extranjeros a los diferentes centros de acogida".

Así, las personas internadas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera no serán mandadas de nuevo a sus países, de los que salieron en busca de una vida mejor en España. Por ley, el periodo máximo de encierro que permite la ley en estos centros son 60 días, al término de los cuales, si no ha habido deportación, la Policía Nacional los libera. Muchas de estas personas tienen familia o amigos en la Región de Murcia, y con ellos se irán a cumplir el aislamiento domiciliario. Las personas que no tengan a nadie recibirán la ayuda de las asociaciones humanitarias.

Lo dijo el director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González: toda persona que superase el periodo de 60 días interna durante el estado de alarma sería puesta en libertad, en cumplimiento a la ley.

El Consejo de Europa pide la libertad

El comisario europeo de derechos humanos, Dunja Mijatovic, del Consejo de Europa ha pedido a los estados miembros que revisen la situación de los solicitantes de asilo rechazados y los migrantes en situación irregular internados a la espera de su expulsión y que los liberen en la mayor medida posible.

Asegura que según la ley de Derechos Humanos, la detención de inmigrantes con el propósito de los retornos solo puede ser legal siempre que sea posible que el retorno pueda tener lugar. "Esta perspectiva claramente no está a la vista en muchos casos en este momento. Además, los centros de detención de inmigrantes generalmente brindan pocas oportunidades de distanciamiento social y otras medidas para proteger contra la infección para los migrantes y el personal", añade. Y pide a las autoridades que se abstengan de emitir nuevas órdenes de detención a personas que es poco probable que sean expulsadas. Algunos centros de internamiento de España ya no tienen inquilinos.