La crisis sanitaria originada por el coronavirus en España, agravada por las negativas consecuencias económicas de las medidas necesarias para ponerle fin, han supuesto un duro golpe al sector de la flor cortada, que estaba ya tocado desde antes incluso del estado de alarma en el que se encuentra inmersa toda la sociedad española. Esta mala situación del negocio de la floricultura, evidenciada en el desfase de precios existente entre la adquisición de un producto por los consumidores, y lo que gana un agricultor por la venta del mismo producto, ha empeorado aún más tras el estallido de la crisis del Covid-19, que ha obligado al cierre de todos los puntos de comercialización de estos agricultores, al no formar parte de la cadena de producción agroalimentaria, viéndose forzados a tirar a la basura todo lo que han trabajado durante los últimos meses.

Los floricultores no pueden detener sus procesos de producción y retomarlos como si nada una vez vuelva a la normalidad la situación. Su método de trabajo se basa en la planificación de la propia producción atendiendo a determinadas fechas del año, en las que se prevé una cierta cantidad de unidades a las que se le puede dar salida. Por desgracia, una de estas temporadas altas de trabajo ha coincidido de pleno con la crisis sanitaria, por lo que todo el esfuerzo y la inversión realizada en la producción no tendrá ningún retorno económico.

Festividades como el Día del Padre, la Semana Santa, las Fiestas de Primavera o el Día de la Madre suponen para todos los negocios de flor cortada un período de casi tres meses de los que depende una gran parte de sus ingresos. En el caso de la Sociedad Agraria de Transformación 'Los Ritas', una empresa de San Pedro del Pinatar dedicada desde 1987 a la labor de la flor cortada, esta temporada que comienza a mediados de marzo y acaba en la primera semana de mayo, aunque tanto la planificación, como la producción y la inversión empiezan en octubre, tras la campaña del Día de Todos los Santos, supone prácticamente el 40% de su facturación anual, perdida ya esta temporada al no poder dar salida a todo lo producido, lo que se traduce en un saldo negativo de alrededor de un millón doscientos mil euros. Se trata de una empresa familiar, cuyos terrenos, la mayoría de ellos invernaderos, cubren 12 hectáreas de extensión, sobre los que cultivan variedades como gladiolos, lilium, rosas o paniculatas. A raíz de esta situación, se ha visto obligada a solicitar un ERTE que afectará al 40% de la plantilla, compuesta por unos sesenta trabajadores, mientras que a otro 20% se le aplicará una reducción de jornada. Tan solo han podido aprovechar un 5% de su producción total, que la han destinado a donaciones a centros como hospitales y residencias de mayores.

El mayor problema con el que se encuentran todos estos negocios dedicados a la flor cortada es que el producto con el que trabajan es perecedero, con un período de vida desde que se planta hasta que muere de unos 3 o 4 meses, por lo que la total paralización de sus puntos de comercialización impide su distribución, les obliga a seguir con la producción a la que no pueden dar salida. «La anterior crisis económica de 2008 al menos nos permitía vender la producción que teníamos, en esta situación no podemos vender ni almacenar. Nuestro día a día ahora se basa prácticamente en el total vaciado de almacenes y en la eliminación directa del producto, que conforme lo cortamos va directo a la basura, no queda otra. Básicamente es una labor de limpieza, un auténtico desastre», declara Sergio Rita, uno de los administradores de SAT 'Los Ritas'.

Desde Puerto Lumbreras, una de las zonas de la Región de Murcia donde la floricultura tiene más peso, que genera más de 750 puestos de trabajo en una localidad de apenas 15.000 habitantes, su alcaldesa, María Ángeles Túnez, ha denunciado la difícil situación por la que los negocios de flor cortada están atravesando a raíz de la crisis, por la que un total de 25 empresas del municipio se han visto obligadas a cesar su actividad. Túnez ha pedido receptividad tanto al Gobierno regional como al central para poner en marcha medidas que puedan aliviar la mala situación que el sector atraviesa.

Atendiendo a estas necesidades, desde el grupo parlamentario del Partido Popular se solicitó en la Asamblea Regional al Gobierno de España una serie de medidas extraordinarias destinadas al sector de la flor cortada y planta de maceta. Fue Jesús Cano, diputado regional del PP, quien alertó de la dramática situación que atraviesan las empresas y sus trabajadores, y con el fin de suavizar los efectos económicos de esta situación, propuso al Gobierno estatal la aprobación de un decreto ley que contempla medidas como la reducción del IVA al 4%, la habilitación de préstamos a cinco años sin interés, o la bonificación íntegra de las cuotas de la Seguridad Social durante un año. Además, Cano apoya la apertura de una línea de ayudas comunitarias en el marco de la Política Agraria Común, destinada a los operativos de las organizaciones de productores de flores y plantas, similar a la existente para los trabajadores de frutas y hortalizas.

COAG: medidas paliativas

También se ha movilizado COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), que tras múltiples diálogos con diferentes grupos de productores del sector, le ha planteado una serie de medidas paliativas a la consejería de Agricultura y Agua de la Región, desde donde se ha traspasado a organismos nacionales a la espera del visto bueno del Ministerio de Economía. Desde COAG se solicita que las zonas afectadas sean consideradas como catastróficas, lo que a nivel de seguros agrarios solo se contempla por heladas y demás factores climatológicos. «Aunque no sea asegurable, creemos que sí debería ser indemnizable. Se puede contar con un seguro y recibir una indemnización tras sufrir un daño, pero claro, no está contemplada la crisis del coronavirus en el caso de los seguros. Por eso pedimos que se declare el estado catastrófico, para que sí resulte indemnizable», afirma Francisco Gil, secretario de COAG. «Nos encontramos ante la situación de que poca gente cuenta con un seguro, ya sea privado o semipúblico, como el caso de Agroseguro, que les permita tener acceso a la posibilidad de una indemnización, y es por ello que también hacemos hincapié en las concesiones de los préstamos a bajo interés».

Las cifras de las pérdidas estimadas por COAG hasta el momento, tras recabar información de los propios grupos de agricultores, rondan aproximadamente los ocho euros por metro cuadrado. Desde esta asociación también se anima a la creación de canales entre los propios Ayuntamientos y los agricultores que les permitan ser competitivos dentro del sector, llevando a cabo lo que se conoce como 'mercados cortos', a través de los cuales la relación entre consumidores y productores resultaría mucho más fluida y satisfactoria.