Países africanos como Marruecos, Argelia y Senegal han blindado sus fronteras como consecuencia de la pandemia de coronavirus. El primero de ello no permite acceder al país ni a sus nacionales. Se da la circunstancia de que se trata de los principales lugares receptores de inmigrantes 'sin papeles' deportados desde la Región de Murcia. Enviar de nuevo a estas personas a su país de origen es algo que, debido a la situación, ahora mismo no se puede hacer, dadas restricciones que los estados han impuesto por la epidemia, que en España ha costado la vida a casi 5.000 personas.

Así las cosas, las personas internadas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera difícilmente serán mandados de nuevo a sus países, de los que salieron en busca de una vida mejor en España. Por ley, el periodo máximo de encierro que permite la ley en estos centros son 60 días, al término de los cuales, si no ha habido deportación, la Policía Nacional los libera.

Si cuando comenzó esta crisis había 90 personas en Sangonera, ahora hay alrededor de 60, calculas las asociaciones humanitarias que trabajan con ellas. Del CIE se encargan agentes de la Policía Nacional, Cuerpo que tiene las competencias es Extranjería.

Lo dijo el director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González: toda persona que superase el periodo de 60 días interna durante el estado de alarma sería puesta en libertad, en cumplimiento a la ley.

Ante la pregunta de cómo están estas personas, Moisés Navarro, presidente de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) de la Región de Murcia, explica que «con ganas de salir», puesto que «son muchos días ahí encerrados», a los cuales se une «la situación del estado de alarma». «Sus familia, sus hijos, están en sus casas, están muy preocupados. además de que no están seguros ahí», destaca Navarro.

A este respecto, denuncia que el centro de Sangonera cuenta con unas «instalaciones deplorables y viejas» en las cuales los internos se encuentran «hacinados».

Desde Convivir Sin Racismo, por otro lado, volvieron a pedir el cierre del centro, así como que aquellas personas que no cuenten con familia en la Región «sean trasladadas a lugares habilitados para que puedan pasar la cuarentena en condiciones dignas». Y es que ahora mismo «es imposible la expulsión de las personas encerradas en los CIE y estos han perdido su función legal», consideran desde la asociación, que subraya que «el encarcelamiento se ha convertido en un encierro ilegal».

El Consejo de Europa pide la libertad

El comisario europeo de derechos humanos, Dunja Mijatovic, del Consejo de Europa ha pedido a los estados miembros que revisen la situación de los solicitantes de asilo rechazados y los migrantes en situación irregular internados a la espera de su expulsión y que los liberen en la mayor medida posible.

Asegura que según la ley de Derechos Humanos, la detención de inmigrantes con el propósito de los retornos solo puede ser legal siempre que sea posible que el retorno pueda tener lugar. «Esta perspectiva claramente no está a la vista en muchos casos en este momento. Además, los centros de detención de inmigrantes generalmente brindan pocas oportunidades de distanciamiento social y otras medidas para proteger contra la infección para los migrantes y el personal», añade. Y pide a las autoridades que se abstengan de emitir nuevas órdenes de detención a personas que es poco probable que sean expulsadas. Algunos centros de internamiento de España ya no tienen inquilinos.