La Abogacía del Estado ha resuelto que el sector de la construcción no puede parar a causa de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, según informa la patronal regional Frecom. En su último informe sobre el impacto del estado de alerta sobre las obras que están ejecutándose, la organización que preside José Hernández explica que tras la orden del Gobierno regional de paralizar todas las actividades económicas no esenciales, que no cuenta con el respaldo del Ejecutivo central, la patronal ha realizado una consulta a la Abogacía del Estado para saber cuáles son las normas que las empresas están obligadas a cumplir.

Frecom ya había optado por ignorar la decisión del Gobierno regional, puesto que carece del aval del Estado, aunque alertó de que la inseguridad jurídica que ocasiona la contradicción entre la normativa estatal y la regional pone en peligro el mantenimiento de 41.000 empleos en la Región.

La Abogacía del Estado le ha dado la razón y ha contestado que «la construcción debe continuar, pues se ha considerado una actividad de bajo riesgo de contagio, además de afirmar que la finalidad de la declaración del estado de alarma no es la paralización total de la economía».

Frecom añadía en su comunicado que el sector es el menos expuesto al riesgo de contagio del coronavirus y destacaba que hasta ahora no se ha producido ningún caso de Covid-19, aunque vuelve a alertar de que la incertidumbre creada por la inseguridad jurídica pasará una costosa factura a las empresas, dado que se están paralizando obras por orden de las administraciones públicas y de los coordinadores de prevención de riesgos laborales.

«Se está demonizando al sector, como ya sucediera en la crisis de 2008, al no adoptar medidas que garanticen la seguridad jurídica de los empresarios de la construcción, dada la diversa casuística existente que no ha sido contemplada, y el deber de continuar la actividad como consecuencia de la decisión del Gobierno de la Nación de no declarar el cese de la actividad, apoyada por la Abogacía del Estado», señala la patronal.

Frecom critica «la falta de previsión de la Administración nacional, regional y local» y se lamenta de que, al no estar incluida la construcción entre los sectores obligados a parar por la normativa establecida en el estado de alarma, las empresas no pueden acogerse a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como el resto de sectores que han cerrado.

En esta situación, la organización empresarial anima «a todos los empresarios a seguir cumpliendo las medidas de seguridad recomendadas por la autoridad sanitaria y a continuar desarrollando la actividad mientras que puedan cumplir con estas medidas».

Reitera que «la falta de pago de las certificaciones se está convirtiendo en un problema estructural porque afecta a todas las administraciones», dado que aprovechan la suspensión de los plazos administrativos contemplada en el real decreto que establece el estado de alarma y «están reteniendo el pago de las certificaciones, lo que ocasiona problemas de liquidez importantes a las empresas».