Según indica la patronal, los empresarios murcianos consideran la realización de tests de coronavirus una medida «imprescindible» de control y prevención y que «permite salvaguardar las actividades esenciales».

En este sentido, la confederación reconoce y aplaude la labor de «empresarios, trabajadores y profesionales que hacen posible que los productos de primera necesidad lleguen a todos los hogares y no falte así abastecimiento en lo fundamental» y que amplían también a los servicios sanitarios, farmacéuticos y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

La patronal explica que «estamos ante unas circunstancias excepcionales que obligan a seguir tomando medidas adicionales a las ya adoptadas» y sobre las que los empresarios proponen varias cosas. Entre otras: «La devolución de la recaudación de los impuestos propios de las empresas como la retención de IVA y el pago inmediato a proveedores de la totalidad de las facturas pendientes puesto que no habrá mejor inyección de liquidez en estos momentos».

Recuerda también que «la confederación regional promovió junto a Aválam una línea de financiación especial de 250 millones de euros para aportar liquidez a las empresas, pendiente hasta la fecha, exclusivamente, de confirmación por parte del Gobierno regional». Con el objetivo de que el coste para la empresa de esta financiación extraordinaria sea cero.

Asimismo, la CROEM apela a la «responsabilidad» tanto de administraciones como de empresas a respetar la cadena de pago haciendo frente a los mismos conforme a ley.

La patronal también propone «el aplazamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social de empresas y autónomos y la bonificación o exoneración de tributos estatales, regionales y locales» puesto que según asegura «el plan económico del Gobierno apuntó en este sentido, pero no profundizó en medidas que ahora mismo necesita el tejido productivo» y asegura que «el plan incluso se quedó corto, en opinión de los empresarios, en la moratoria en el pago de hipotecas, ya que se trata de una iniciativa obligatoriamente ampliable en otros supuestos».

Por otra parte, Croem pide coordinación para que los servicios públicos de empleo faciliten la incorporación de trabajadores en situación de desprotección a otros sectores ante la posible falta de mano de obra en actividades esenciales e imprescindibles.

Para terminar, la confederación regional considera que debe ser el Gobierno de la nación el que tome la decisión última de cese de actividad de las empresas para que éstas queden amparadas por las diferentes normativas. Croem hace también un llamamiento al Gobierno regional y a sus cuarenta y cinco municipios para que «se sumen a estas peticiones y se amortigüe así el impacto de la pandemia en la actividad empresarial y en la economía y, en particular, en el empleo».