La Consejería de Empleo, Investigación y Universidades ha recibido desde el pasado viernes 130 solicitudes de empresas que quieren aplicar un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE). Entre el lunes y el martes la cifra de expedientes presentados se eleva a 70. Este procedimiento permite suspender los contratos de trabajo o reducir la jornada de los empleados mientras dure la crisis provocada por el coronavirus.
Según las estimaciones de la Consejería de Empresa, unas 40.000 de las 65.000 empresas de la Región se están viendo afectadas por las consecuencias de la situación de alarma sanitaria, porque han tenido que bajar la persiana o porque tienen dificultades para conseguir las materias primas o los componentes imprescindibles para mantener su producción.
El Consejo de Ministros aprobó este martes una reforma de la normativa que regula los expedientes de regulación de empleo para flexibilizar los trámites y dar facilidades a las empresas cerradas a causa del coronavirus, por lo que es previsible que a partir de ahora se produzca un aumento en las solicitudes de regulación temporal de empleo que pondrá a prueba la capacidad de actuación de la Administración.
El consejero de Empleo, Miguel Motas, ha anunciado que se conocieran los acuerdos del Gobierno central elaborará «una guía explicativa, que será remitida a todos los colegios profesionales» para que conozcan los cambios introducidos por el Gobierno para facilitar a las empresas herramientas que les ayuden a sortear la crisis.
Miguel Motas también dijo que su departamento trabajará en colaboración con la Inspección de Trabajo para que la tramitación de los ERTE sea lo más ágil posible para dar el mejor servicio a las empresas que se han visto obligadas a cerrar
Al mismo tiempo, pretende crear un equipo especial para la tramitación de los expedientes con el fin de darles la mayor agilidad, en previsión de que la dirección general de Diálogo Social y Bienestar Laboral reciba una avalancha de expedientes en los próximos días. Miguel Motas añadió que había pedido que el Consejo de Ministros eliminara de la tramitación de los expedientes el informe de la Autoridad Laboral exigido para la aprobación de un ERTE, con el fin de facilitar la labor de la Consejería. «Queremos estar del lado de las empresas, siempre que se garanticen los derechos de los trabajadores», dijo el consejero.
