A media tarde los alcaldes de los municipios costeros de la Región seguían esperando que el Gobierno regional elaborara y publicara en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el decreto por el que aislaban a sus municipios.

Los madrileños y visitantes de otras comunidades autónomas, algunos llegados de zonas de alto riesgo de contagio por el coronavirus, eran los culpables. El presidente del Gobierno regional lo había dejado claro durante su comparecencia a mediodía. Los responsables de que se tomara la orden de confinar siete municipios y a casi 400.000 personas llegaban de fuera de la Región.

El reloj en los ayuntamientos de San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, Cartagena, La Unión, Mazarrón y Águilas marcaban las 18.00 de la tarde. Algunos alcaldes estaban reunidos con los equipos de Protección Civil y Policía local y otros esperaban a que se publicara el decreto para valorar las medidas a adoptar. La decisión no es fácil, la consideran valiente, arriesgada y necesaria. La pandemia del Covid-19 y el estado de alarma ante la crisis del coronavirus que se impondrá este sábado en toda España hace necesaria la medida.

Lo que no gusta tanto, en concreto a los alcaldes socialistas de Mazarrón y Los Alcázares, son las formas en las que se ha comunicado el decreto a los ayuntamientos. Fernando López Miras señaló en rueda de prensa que había llamado personalmente a algunos alcaldes, y aquellos con los que no pudo contactar el consejero de Presidencia, Javier Celdrán, se encargó de llamarles durante la comparecencia ante la prensa del jefe del Ejecutivo. Ana Belén Castejón, alcaldesa de Cartagena, sí fue informada por el presidente minutos antes de avisar al millón y medio de murcianos.

"No tenemos confirmación de nada de momento", remarcaba Gaspar Miras, primer edil de Mazarrón, a media tarde, mientras que el de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, explicaba a esta redacción que tiene "a todos los comercios" llamándole, "les digo que cierren, pero todavía no sé qué tipos de comercios concretos deben cerrar".

Miras fue el alcalde más crítico con la decisión del Gobierno. Señaló que "el presidente puede sugerir que se encierre a un municipio o confinar, pero esta tarea corresponde a las fuerzas de seguridad del Estado". La queja llega a raíz de la petición de López Miras de pedir la colaboración de la Policía Local para llevar a cabo el decreto y que ayuden a controlar el confinamiento del municipio. "Con la plantilla que tenemos los ayuntamientos no podemos efectuar esto, es impropio de sus funciones".

En Los Alcázares la medida ya se veía venir, e incluso habían pedido decretar el cierre de todos los establecimientos prescindibles durante una cuarentena de 14 días. "Valoro muy positivamente la medida", remarcaba Mario Cervera, pero no tanto las formas. Aún así la decisión se justificaba para el Consistorio en que tuvo que mandar a la Policía Local a informar que se fueran "directamente a sus segundas residencias" a los madrileños y vascos que llegaban en autobús al municipio.

En Águilas, la alcaldesa Mari Carmen Moreno, también socialista, convocó una Junta Municipal de Seguridad Extraordinaria y a los portavoces de los grupos municipales de la corporación tras conocer las medidas tomadas por el Gobierno, en la que se analizó la situación en el municipio costero y se informó del decreto de confinamiento.

"Se va a instalar una carpa anexa al servicio de urgencias, donde cualquier ciudadano que llegue con cualquier patología va a recibir un triage para no mezclarse con los ciudadanos que puedan presentar patologías respiratorias", señalaba la alcaldesa. Una carpa para triaje que hoy ya instalaba Cruz Roja.

En Cartagena, la alcaldesa Ana Belén Castejón no rechistó con la medida. La libre circulación de los ciudadanos de la ciudad de Cartagena hacia otros municipios fue de las primeras preguntas que los periodistas plantearon a López Miras. Por motivos laborales, de urgencia o asistencia o para abastecimiento sí se podrán mover los ciudadanos. "Compartimos la decisión plenamente desde el gobierno municipal", señalaba Castejón, cuyo municipio alberga 215.000 ciudadanos, más de la mitad de los ciudadanos que van a estar confinados durante dos semanas.

En La Unión, un pueblo con una previsible menor asistencia de visitantes extracomunitarios, tuvo que ver como esta mañana mismo un autobús "lleno de madrileños" paraba en Portmán para comer. Para el alcalde Pedro López la medida está justificada y estarán a disposición del Gobierno regional y "vamos a cumplir fielmente todas las indicaciones que nos marquen". La Policía Local a primera hora de la tarde ya informaba a los comercios de que debían cerrar, menos de alimentación y farmacia.

"Son medidas extraordinarias para momentos extraordinarios". Una frase épica para un momento excepcional es la que pronunció José Miguel Luengo, alcalde de San Javier, que recordó hoy que la situación especial del municipio de San Javier "con un altísimo número de segundas residencias que ahora están siendo ocupadas, en gran medida por turistas madrileños". Luengo añadió que "probablemente faltó pedagogía en un primer momento y no se les advirtió suficientemente del peligro de contagio que puede suponer el desplazamiento de una zona de transmisión como Madrid" por lo que en la situación actual reclamó "contundencia" a la hora de limitar la circulación de personas.

Luengo ya mostró su enfado ayer por la llegada masiva de madrileños tanto a San Javier como en el tramo municipal de La Manga. Desde esta mañana los servicios de Emergencias cogían los coches y megáfono en mano comunicaban a los visitantes de los últimos días que debían quedarse en sus casas 14 días.

Más al norte, en San Pedro del Pinatar, su alcaldesa Visitación Martínez reunía una vez publicado el decreto a los equipos de Emergencias del municipio para planear qué van a hacer con los ciudadanos con una cuarentena encima de 14 días. La medida es "necesaria y positiva", señalaba la primera edil. "Se afrontará con la Policía Local y se espera la colaboración de la Guardia Civil". Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado serán quienes deban controlar el aislamiento de siete municipios de la Región.