Las productoras que trabajan para la televisión autonómica, el comité de empresa de La 7 y los profesionales del sector audiovisual tratan de desviar hacia Ciudadanos las culpas del retraso que se ha producido en la convocatoria del nuevo concurso para adjudicar la concesión del canal regional. A un mes y medio de que expire el contrato vigente, la Asociación de Empresarios de Producción Audiovisual (Apromur), la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión (ARTV) y el representante de los trabajadores José María Sánchez Campillo comparecían este viernes para acusar a la formación naranja del «bloqueo» del concurso y de poner en peligro la continuidad de la plantilla a partir del 30 de abril, fecha en la que vence la prórroga de la concesión de Secuoya.

La convocatoria se produjo inmediatamente después de saber que los consejeros de Cs impidieran este jueves la aprobación del pliego de condiciones que el titular de Presidencia y Empleo, Javier Celdrán, llevó al Consejo de Gobierno sin haber facilitado información sobre las cláusulas del mismo previamente a los miembros del Ejecutivo perteneciente a la formación naranja, tal y como ha informado La Opinión.

Sin embargo, el presidente de las productoras que trabajan para Secuoya, Antonio Abril, trató de exculpar al Gobierno regional del retraso, a pesar de que el Ejecutivo publicó el 15 de marzo de 2019 una orden en el Boletín Oficial de la Región con la que se ponían en marcha los trámites previos a la apertura del concurso, pero la suspendió días después, y que desde entonces ha venido alargando el proceso.

Esta demora es interpretada en algunos sectores como una estrategia para ampliar nueve meses más la concesión de Secuoya, a pesar de que existen dudas legales sobre esta nueva prórroga, dado que el contrato vigente no la contempla. No obstante Gobierno regional y algunos colectivos profesionales entienden que la televisión autonómica es un servicio público y puede incluirse dentro de las excepciones que contempla la Ley de Contratos.

El presidente de Apromur, lejos de percibir algún tipo de maniobra en la actuación del Ejecutivo, justificó la dilación que se ha producido a lo largo de estos doce meses aduciendo ha habido «varios procesos electorales».

Sin embargo, Abril sí responsabilizó a Ciudadanos del «bloqueo» del concurso por haber pedido más tiempo para estudiar el pliego de condiciones en lugar de aprobarlo este jueves. Pidió explicaciones a los consejeros de la formación naranja para saber «por qué» han provocado este aplazamiento y cuáles son «sus intenciones». «Sus razones tendrán», dijo.

Por su parte, el presidente de ARTV, José Sánchez Cano, dijo que si el canal autonómico suspende su emisión se quedarían sin trabajo unas 300 personas y reprochó a los consejeros de Cs que no hayan recabado antes la información que quieren conseguir para dar su voto a las cláusulas del nuevo contrato. Sánchez Cano defendió la actuación de los técnicos que han redactado el pliego de condiciones. A su juicio, la culpa de esta demora que puede provocar la suspensión de las emisiones de la televisión regional a partir de la medianoche del 30 de abril «la tiene el Demonio».

Por su parte el representante del comité de empresa se lamentó de que la continuidad vuelve a estar en el aire, cuando parecía «que estaba todo solucionado».