El que fuera presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) entre los años 2004 y 2010, José Salvador Fuentes Zorita, ha sido llamado a declarar como testigo en la causa abierta contra el expresidente de la Comunidad Autónoma y exvicepresidente del Parlamento Europeo Ramón Luis Valcárcel por el caso de la desalinizadora de Escombreras (Cartagena).
La declaración de Fuentes Zorita se producirá dentro de una ronda de pruebas testificales en la que también intervendrá Eduardo José Garro, que era interventor general de la Comunidad Autónoma cuando se produjeron los hechos que se investigan y que, según la fiscalía, podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude.
En estas diligencias, que se llevarán a cabo los días 24 y 25 de marzo, también han sido llamados a declarar en la misma condición el que fue director del área técnica de la empresa Desaladora de Escombreras, SAU, Cirilo García Arancón, y el presidente de la empresa Accuore Real Estate, Manuel Rodríguez Estate.
Esta causa que se sigue contra Valcárcel, que declarará como investigado el 16 de marzo, fue abierta en un juzgado de instrucción de Murcia tras la denuncia contra él presentada por la fiscalía.
El ministerio público sostiene en la misma que como máximo mandatario regional no pudo ser ajeno a las actuaciones llevadas a cabo en torno a la desalinizadora desde el Ente Público del Agua (EPA), organismo creado por la administración regional, que habrían supuesto graves perjuicios para el erario público. En concreto, considera que en la explotación de la planta, cuya construcción surgió de la iniciativa privada, la administración regional adquirió compromisos que supusieron un quebranto para los fondos públicos.
Comunidad, como subsidiaria
El juzgado de instrucción que investiga al expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel en el caso de la desalinizadora de Escombreras también ha dictado un auto en el que incorpora a la Comunidad como posible responsable civil subsidiaria de los daños y perjuicios derivados de la construcción de la planta.
En un auto, el juez instructor ha advertido a la administración autonómica que podría ser declarada responsable civil subsidiaria de los daños y perjuicios derivados de la construcción de la misma si se prueban los delitos que se le atribuyen a Valcárcel.
Esta condición, que acaba de ser notificada a las partes, se une a la que ya ostentaba desde el pasado mes de febrero, cuando por medio de otra resolución se la tuvo por personada en las actuaciones como perjudicada.
Dice el auto que los delitos por los que es investigado Valcárcel, especialmente, el de malversación de caudales públicos, pueden generar responsabilidades civiles para la Comunidad Autónoma, atendiendo a que aquel pertenecía a la administración regional a la fecha de los hechos y a las funciones que tenía legalmente asignadas como máximo responsable del ejecutivo. El juzgado ha recalcado que la intervención de la administración autonómica «abarcará todas las posiciones procesales legalmente posibles, siempre que las mismas se mantengan adecuadamente delimitadas y sin posiciones contradictorias».
