Padres que no pasan la pensión a sus hijos, pese a que un juez les ha obligado; clientes que han recurrido a los servicios de un abogado y no le han abonado sus honorarios o empresas que adeudan ingentes cantidades de dinero a un particular. Consultar deudas exigibles y reconocidas con resolución judicial firme es más fácil gracias a la herramienta pionera que presentó el Registro de Impagados Judiciales (RIJ) en el Colegio de Abogados de Murcia.

Este innovador fichero de morosidad, impulsado por el Consejo General de la Abogacía Española, permite a los letrados reclamar las minutas impagadas, a la vez que contribuye a identificar a posibles clientes morosos.

La responsable legal del RIJ, Reyes Rodríguez Zarza, explicó ayer a LA OPINIÓN que al registro «puede acceder cualquier persona que tenga un interés legítimo, a través de su abogado». Y es que cada letrado (ahora mismo hay unos 4.000 apuntados) tiene una clave de acceso con la que entrar a la web en cuestión.

Del mismo modo, apuntó Rodríguez Zarza, estos profesionales podrán alertar a sus colegas de profesión, introduciendo en el listado a una persona que, por ejemplo, no les haya pagado a ellos.

Sus impulsores tienen claro que esta herramienta favorecerá el derecho a la tutela judicial efectiva y a que se cumplan las sentencias firmes, ya que se pueden reclamar o consultar impagos de las pensiones de alimentos, deudas entre particulares, incumplimientos en contratos de alquiler o de compraventa de mercancías, entre otros.

El RIJ es un fichero de morosidad judicial que permite recoger información y reclamar deudas líquidas, vencidas, exigibles y reconocidas mediante una resolución judicial firme, aportada por abogados y abogadas, previa autorización de sus clientes y en defensa de sus derechos de cobro.

En cuanto a cómo funciona la herramienta, cuando un letrado quiere apuntar a alguien al listado está obligado a comunicárselo de antemano, esto es, a advertirle. De esta manera, es factible que el deudor opte por pagar lo que debe, con el fin de evitar que su nombre (o el de su empresa) aparezca en esta lista.

Es lo que hizo el abogado de Cartagena Vicente Olmos, a quien recurrió un hombre al que una empresa le debía mucho dinero, concretamente 153.000 euros. El letrado puso en conocimiento de la citada sociedad que existía el Registro de Impagados Judiciales y que su nombre iba a estar en breve en él, por la deuda en cuestión. Deuda que esta firma liquidó apenas 70 días después del toque de atención del abogado, precisó Rodríguez Zarza.

Un 80% de la deuda era invisible

«Desde su reciente puesta en marcha, ha gestionado más de 8 millones de euros de deuda y sólo en el último mes ha duplicado el número de abogados registrados», indicó Eleazar González, director de Negocio del RIJ.

Entre las ventajas también destacó que evita a los abogados más años y trámites de litigio judicial para la ejecución de la sentencia, aporta más garantías de cobro y fiabilidad de la información (al estar avalada por una sentencia judicial firme) o que es un mecanismo eficaz para mejorar la información de riesgo de insolvencia de empresas y personas físicas, haciendo visible al sistema financiero y empresarial una gran parte de la deuda que hasta ahora no estaba recogida en ningún fichero y que es manejada por los abogados (aproximadamente un 80% del total). La idea es que este fichero (que pueden ver los bancos y millones de empresas del registro mercantil) vaya creciendo y que en él quede reflejada toda.