La magistrada del Juzgado de Instrucción Número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, procesa al exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá y a 16 ex altos cargos de la Comunidad y directivos de las empresas del grupo ACS investigados en la causa. La Comunidad Autónoma es considerada a la vez perjudicada y responsable civil subsidiaria.
En un auto notificado este miércoles, la magistrada acuerda que continúe el procedimiento contra 17 de los 20 investigados en las diligencias abiertas tras la denuncia de irregularidades en el proyecto de la planta desaladora de Escombreras, actuaciones conocidas como caso La Sal. Les imputa los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, administración desleal, fraude y fraude de subvenciones, además de falsedad.
A las empresas Hydro Management, Tedagua, Cobra Instalaciones y Servicios SA, Moncobra SA, Cobra Gestión de Infraestructuras SLU (todas de ACS), Hidronostrum SA y Desaladora de Escombreras (estas dos últimas dependientes de ESAMUR, adscrita a la Consejería de Agricultura) las considera posibles responsables civiles subsidiarios. A la Comunidad Autónoma la presenta a la vez como perjudicada y responsable civil subsidiaria.
En su resolución, la magistrada ha sacado de la causa provisionalmente a tres socios murcianos de la empresa Hydro Management (José Caballero, Juan Martínez Martínez y Juan Jódar), al considerar que no intervinieron en la gestación de los contratos que obligan a la Comunidad a pagar anualmente por la explotación de la planta de Escombreras, mientras que se abre el procesamiento contra los 17 restantes, entre los que se encuentra el exconsejero Antonio Cerdá.
La magistrada ha tenido en cuenta los informes de la Intervención General, de la División de Intervención y Fiscalización, de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma y el elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción (UDEF-BLA) del Cuerpo Nacional de Policía. Destaca que todas estas diligencias fueron acordadas en «el plazo de seis meses que para la instrucción ordinaria establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal·, dado que el procedimiento no llegó a ser calificado como 'causa compleja', lo que habría permitido alargar la investigación hasta los 18 meses.
Los resultados de la investigación la llevan a concluir que los contactos entre las empresas que construyeron la planta y los responsables del desaparecido Ente Público del Agua se iniciaron en 2005, antes de la firma de los contratos suscritos a principios de 2006. Añade que los compromisos con el grupo ACS obligan a la Administración regional a pagar más de 610 millones de euros en un plazo de 25 años, a pesar de que el precio de la desaladora y de las infraestructuras que precisó se sitúa en 134 millones. Además, cuando la Comunidad propuso comprar, respondieron que no estaban dispuestos a vender por menos de a 185,7 millones.
Su conclusión es que ambas partes utilizaron un entramado de sociedades para evitar la concurrencia pública que habría supuesto la aplicación de la Ley de Contratos. También pone en duda que la finalidad de la desaladora fuera «dotar de agua desalada a los ayuntamientos», puesto que solo tres acabaron comprándola.
