La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, por auto notificado este jueves, ha acordado mantener la personación de la Comunidad como actor civil y traerla al proceso como responsable civil subsidiario en el caso desaladora Escombreras (Cartagena) (parte II), en el que se investigan presuntas irregularidades en la construcción y gestión de esta infraestructura.
Atiende "a la integración del investigado (en referencia al expresidente Ramón Luis Valcárcel) en la Administración regional a la fecha de ocurrencia de los hechos presuntos, a las funciones que legalmente tenía asignadas y a la naturaleza de los delitos imputados".
La misma resolución deniega la solicitud de que se considere a la Comunidad como sujeto activo de los delitos investigados recordando, tal como establece el Código Penal, que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no puede aplicarse al Estado o a las Administraciones públicas territoriales.
Y, por último, se deniega la práctica de las diligencias solicitadas por la acusación popular. Se deniega el uso del detector de mentiras por termografía "al no ser un medio de prueba regulado en nuestro ordenamiento jurídico ni es usado en ningún procedimiento"; y la declaración testifical de F.P. no se considera necesaria "ni útil para el esclarecimiento de los hechos investigados en este procedimiento".
En cuanto a la petición de documentación relativa al Tribunal de Cuentas, se advierte que ya consta en la causa "la resolución de la Instructora en el expediente inicialmente abierto y las incidencias posteriores".
El expresidente de la Comunidad de Murcia y exvicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, está citado a declarar como investigado el próximo 16 de marzo en este caso, que tiene su origen en una querella presentada en 2010 por el abogado murciano Diego de Ramón a la Fiscalía para instar a la investigación de las presuntas irregularidades cometidas en la construcción de esta desaladora.
