Temor al cierre de centros concertados en la Región por la nueva 'ley Celaá'

Los cooperativistas se muestran en contra de que la nueva ley obligue con la supresión de la demanda social a que se llenen primero los centros públicos y los alumnos que no hayan podido entrar tengan que escolarizarse en centros concertados, es decir, no aceptan la «subsidiariedad». Si se reduce la demanda social, y se tiene en cuenta la bajada de la natalidad y que las ratios de alumnos por clase no se cambian con un tope de 25 alumnos en Secundaria y Bachiller, la ley «obligaría al cierre de centros concertados», remarca Pedreño, que señala que las cooperativas sí están a favor de reducir la demanda social en el sentido de que «no se puede permitir» la instalación de un centro escolar si en el entorno no hay necesidades de escolarización.

Otro dardo directo de la nueva ley de Educación de la ministra Isabel Celaá para los centros concertados y privados está en que refuerza la «prevención de la segregación» entre escuelas y entre las redes pública y concertada para que los alumnos tengan las mismas oportunidades sin tener en cuenta «razones socioeconómicas», según señaló ayer la ministra. En este asunto, Pedreño se muestra partidario de la igualdad de oportunidades y señala que las «cooperativas no impiden el acceso a sus centros a los alumnos por razones ideológicas, culturales, económicas, religiosas ni por nacionalidades», esto es que desde Ucoerm se sitúan «al frente de una ley que garantice la libre elección de centros y que los concertados tienen que compartir la necesidad de no poner la limitación a nadie».

Para sor Alicia Plaza, presidenta de la Asociación de Escuelas Católicas, la «demanda social es muy importante para nosotros» y pide libertad «para que los padres puedan elegir la educación de sus hijos». Plaza señala que la nueva ley «no nos favorece para nada».

En el lado contrario, desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas de la Región de Murcia (AMPA) 'Juan González' no se muestran contrarios a la existencia de la concertada pero agradecen la limitación de su ámbito de actuación: «Nos parece mal que se aumenten las dotaciones a la concertada mientras se mantienen los recortes en la educación pública en la Región».

La presidenta de la federación, Paqui López, remarca de la nueva ley la recuperación del papel importante que vuelven a asumir las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos dentro de los consejos escolares, ya que «asumirán más capacidad de decisión, aunque sigue sin ser paritarios los representantes de los padres y los profesionales del centro escolar».

Para el sindicato Anpe, la ley se ha hecho «sin consenso», sin abrir mesas de diálogo y de forma «precipitada». Su presidente en la Región, Clemente Hernández, subraya la actualización del currículo dejando de lado los contenidos enciclopédicos y memorísticos y que se incorporen medidas de flexibilización para estudiantes con necesidades educativas especiales. Pero para Hernández no se plantea la revisión de las ratios de alumnos por clase, o reducir la carga lectiva del profesorado.

En lo que respecta a la Región, el texto normativo lleva a cabo una regulación de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas. Se recupera el modelo de desarrollo curricular compartido entre el Gobierno y las comunidades autónomas, que «venía funcionando satisfactoriamente hasta 2013». Un 65% serán competencias del Estado en las comunidades con una lengua oficial y el restante 35% quedará en manos del Gobierno regional.