La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) ha defendido su personación como perjudicada en los casos abiertos en sendos juzgados de instrucción de Murcia por la Desalinizadora de Escombreras (Cartagena), en el que se muestra muy crítica con el letrado que ejerce la acusación popular, cuyo planteamiento califica de “tendencioso”.

En un escrito que acaba de ser notificado a las partes personadas en uno de los casos, en el que figura como investigado el expresidente regional Ramón Luis Valcárcel, los servicios jurídicos de la CARM piden que se desestime la petición hecha por dicha acusación, que no solo ha pedido que se la expulse del proceso, sino que se la incluya como denunciada.

Afirma el escrito que la petición del letrado de que se la excluya como parte perjudicada “no se apoya en ningún precepto legal, ni invoca doctrina jurisprudencial alguna, carece absolutamente de sentido y resulta contradictoria con el contenido de lo planteado por la propia acusación popular”.

Y añade que en el caso de que, finalmente, se determinara la existencia de responsabilidades penales por parte de los gestores públicos, la responsabilidad civil derivada de las mismas estaría constituida por los perjuicios económicos soportados, como consecuencia de los hechos investigados, por la propia Hacienda Regional, de la que es titular la CARM”.

Señalan así mismo los servicios jurídicos que la administración regional está personada también como perjudicada en las diligencias que por la Desalinizadora fueron abiertas en 2016 en otro juzgado de instrucción de Murcia, en las que tampoco la Fiscalía acusó a la Comunidad Autónoma ni el mismo letrado consiguió que fuera apartada del proceso.

“Queda de manifiesto, dice el escrito, el tendencioso planteamiento de la acusación popular, que se permite incluso afirmar que la autoría en la participación es de la Comunidad en todos los hechos delictivos, confundiendo, por ignorancia o deliberadamente, a la institución con las personas investigadas”.

Para la administración regional, en el escrito de la acción popular se mezclan interesadamente hechos y actos que, sin tener relevancia penal, son llevados al proceso “para intentar justificar y dar peso a las desacertadas tesis vertidas en su escrito”.

En los dos casos abiertos por la construcción y explotación de la Desalinizadora de Escombreras se trata de esclarecer si la misma supuso un perjuicio millonario para los fondos públicos por los compromisos adquiridos por la Comunidad al hacerse cargo de la planta a través del Ente Público del Agua (EPA).