"No es una razón imperiosa de interés general". Es lo que desde la Consejería de Transparencia y Participación y Administración Pública aseguran que contestó la Unión Europea cuando este departamento cuestionó el poner en marcha la norma que posibilita que existan estaciones de servicio sin personal en la Región.

Lo que va a hacer la Comunidad es modificar el Estatuto de Consumidores y Usuarios para que no sea obligatorio que haya nadie atendiendo en las gasolineras de la provincia. Y luego "acordar su inmediata publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y su remisión a la Asamblea, a efectos de su convalidación", se lee en la propuesta.

Consumur considera que poner en marcha esto implicaría una "situación de indefensión en los consumidores y usuarios". Se refiere este colectivo, especialmente, a que se puede mermar la accesibilidad de los discapacitados a los surtidores. "Los derechos de los ciudadanos como consumidores y usuarios no pueden sufrir un retroceso. Y menos para los colectivos más expuestos y desprotegidos", subraya el presidente de Consumur, Roberto Barceló, quien tiene claro que "legislar a favor de la parte empresarial, teniendo en cuenta plenamente sus demandas y beneficios económicos, solo pone de manifiesto la falta de sensibilidad y la desprotección a la que se nos somete por parte de las administraciones públicas, quienes tienen el deber de proteger nuestros intereses, cuando son justos, ante el mercado".

Insiste Barceló en que poner en marcha algo así da un "mal ejemplo de gobierno y de praxis política" y que "ante ello, el desencuentro ciudadano debe expresarse públicamente".

Desde el Ejecutivo regional explicaron que hacen esto por obligación. Insisten en que ha sido todo tras un requerimiento de la Dirección General de Mercado Interior, Industria y Pymes de la Comisión Europea a varias comunidades autónomas, entre ellas la Región, ya que la norma "se aplica en todo el ámbito europeo".

"A criterio del empleador"

Subrayan desde la Consejería de Transparencia que esta norma "no obliga" al dueño de una gasolinera a prescindir de sus trabajadores, sino que "deja a su criterio el tener o no contratado" a alguien. También aseguran las fuentes que la Región planteó a Europa si hacer esto podría ocasiones "un perjuicio a las personas discapacitadas", y que la respuesta fue que había que aplicar la norma. A este respecto, afirma la Comunidad que lleva desde 2017 preguntando a Europa por esta cuestión, y que la contestación es que el marco legal europeo ya obliga a las gasolineras contar con "una accesibilidad suficiente para discapacitados", especialmente en aquellas estaciones en las que no hay personal.

"Si no lo aceptamos, la UE sancionaría a España", hacen hincapié desde la Consejería.

No obstante, en comunidades autónomas vecinas las cosas están de otra manera. La Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas Aesae acaba de ampliar la denuncia contra el Consell ante la Comisión Europea después de que se haya reformado el Estatuto de los Consumidores, introduciendo una disposición que impone obligaciones a las gasolineras no atendidas. La Comunidad Valenciana, de esta manera, se expone a una multa de Bruselas por imponer que las estaciones estén atendidas.