El Partido Popular de la Región de Murcia ha registrado en la Asamblea una iniciativa para modificar la Ley 5/2018 de Enjuiciamiento Civil que permita un desalojo de viviendas ocupadas ilegalmente en doce horas.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, explicó ayer que esta propuesta al Gobierno de España busca «garantizar el derecho a la propiedad y la seguridad de las personas y bienes, además de la convivencia social».

Acompañado de la viceportavoz, Miriam Guardiola, y el diputado regional, Víctor Martínez-Carrasco, Segado recordó los datos aportados por el Ministerio del Interior en noviembre de 2019, que muestran un aumento de las ocupaciones ilegales de vivendas del 58% en los últimos cinco años.

En la Región de Murcia, los inmuebles 'okupados' suelen estar situados en la costa. «Sus propietarios viven lejos y, cuando vienen de vacaciones, se encuentran que les han dado una patada en la puerta», explicó el dirigente del PP, quien añadió que el proceso de desalojo que comienza entonces es «largo y tortuoso». Los okupas suelen elegir, además, vivendas propiedad de los bancos, ya que éstos tardan en actuar (si es que llegan a hacerlo) y el proceso se diluye un poco.

Medidas propuestas

Las medidas que proponen desde el PP murciano, «a la vista que la reforma de la ley que se hizo en 2018 ha resultado insuficiente», son: acortar los plazos judiciales para hacer efetivos los desalojos, acabar con los resquicios legales a los que puedan acogerse los okupas y aumentar las penas asociadas a la usurpación de la vivienda -ahora, denuncian los populares, solo hay unas sanciones administrativas que no se abonan-, incluyendo penas de privación de libertad. También apuestan por dotar de más protección a las comunidades de propietarios e impedir la inscripción en el padrón de los okupas.

Desde el Partido Popular esperan que esta iniciativa -anunciada también por la Comunidad de Madrid el mes pasado- pueda debatirse en la Asamblea y elevarse al Gobierno de la Nación, aunque no se mostraron muy seguros de que sea bien recibida, ya que, según declaró Segado, «en el Gobierno hay personas que han estado más cercanas al movimiento okupa que a la defensa de la propiedad privada».

«No defendemos la okupación»

María Marín, portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, cree que con esta iniciativa «el PP deja claro para quién gobierna».

«No defendemos la 'okupación'», adelantaba Marín ayer a esta Redacción, antes de afirmar que la propuesta del PP «favorece a los grandes tenedores de vivienda pública y a los fondos buitre, mientras que el Gobierno sigue sin cumplir la Ley 6/2015 de Vivenda de la Región de Murcia». Desde Podemos recuerdan que esa ley dice que «los bancos no pueden desahuciar sin alternativa habitacional». Sin embargo, esto es algo que sucede porque desde el Ejecutivo aún no han desarrollado el reglamento de la norma.

«Estamos a favor de que todo el mundo, con independencia de su renta, pueda acceder a una vivienda digna», sentenció Marín.