La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de la Región (PAH) ha puesto en marcha una campaña para exigir al Gobierno autonómico que cumpla con lo establecido en la ley de Vivienda con el fin de frenar los desahucios, que acabará con una gran movilización el próximo 28 de marzo.
Según ha explicado el portavoz de la plataforma, Francisco Morote, la ley regional prevé diversos mecanismos orientados a que las familias en situación de vulnerabilidad puedan optar a alquileres sociales. Incluye también medidas para que estas personas tengan alternativas al corte de los suministros de luz, agua o gas en caso de impagos.
Sin embargo, las medidas no se aplican porque no se han desarrollado los reglamentos y convenios para tal fin, para lo que el gobierno tenía un plazo de seis meses (hasta finales de 2016). Desde entonces hasta el tercer trimestre de 2019 en la Comunidad se han ejecutado 9.439 desahucios de los que, según Morote, «varios miles» se podrían haber evitado.
