23 de febrero de 2020
23.02.2020
Tribunales

Los hijos del doctor Vela intentan limpiar su imagen en el Supremo

Un año después de que un tribunal la reconociese como bebé robada, la murciana Inés Madrigal descubrió que en realidad fue adoptada

23.02.2020 | 11:47
Los hijos del doctor Vela intentan limpiar su imagen en el Supremo

Un año después de que un tribunal la reconociese como bebé robada, la murciana Inés Madrigal descubrió que en realidad fue adoptada, un hallazgo que ha dado alas a los hijos del único acusado, el ya fallecido doctor Eduardo Vela, que luchan ahora en el Supremo para que se declare su inocencia.

Fuentes jurídicas han informado a Efe que la familia de Vela presentó hace unos días un poder notarial para personarse en la causa con la intención de que se limpie la imagen del médico.

La muerte de Vela el pasado mes de octubre amenazó el futuro del procedimiento ya que la ley dice que "la acción penal se extingue por la muerte del culpable", si bien independientemente de la extinción de la responsabilidad penal para él, el artículo 854 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal abre la puerta a que los herederos puedan continuar con el recurso.

Y eso es lo que han hecho los hijos de Vela al presentar un poder notarial que les habilita para actuar en representación de su padre.

Ahora el Supremo ha dado traslado a las partes para que opinen si quieren que la causa siga adelante, según las fuentes, que resaltan la singularidad de un caso en el que el acusado ya ha fallecido y la denunciante descubrió tras la sentencia que fue adoptada.

La Audiencia de Madrid responsabilizó "de forma incontestable" al doctor, de entonces 85 años, de haber robado a Inés Madrigal en 1969 para entregársela a una familia como "regalo" cuando trabajaba en la clínica San Román de Madrid.

Pero le absolvió de los delitos de detención ilegal, suposición de parto y falsedad en documento oficial al considerar que prescribieron en 1997, 15 años antes de que se denunciase el caso.

Todos -Vela, la Fiscalía y Madrigal- recurrieron al Supremo, pero el caso dio un vuelco inesperado cuando meses después ella anunció que, tras 32 años de búsqueda, había encontrado a su familia biológica, y le trasladó a la Fiscalía que en realidad había sido dada en adopción.

Feliz por tener "el puzzle" de su vida completo, Madrigal explicó que llegó a su familia tras hacerse un análisis de ADN a través de una empresa de EEUU que la condujo a un primo segundo, quien le informó de que sus hermanos también la buscaban tras haberla visto en televisión y apreciar parecido con su madre, que murió en 2013.

La Fiscalía comunicó esta nueva variable al Supremo y consideró que se debía excluir de los hechos probados que Vela robó un bebe y también el delito de detención ilegal.

Se opone tajantemente la acusación ejercida por Madrigal, que recuerda que independientemente de su hallazgo, Vela falsificó su identidad dado que hasta hace unos meses no sabía que era adoptada.

Considera que la nueva comunicación de Fiscalía no debería incidir en el caso puesto que no ha formado parte del procedimiento judicial y el Supremo solo puede pronunciarse sobre "los motivos esgrimidos en los recursos" presentados antes del hallazgo, precisan las fuentes.

Madrigal persigue incansable que el tribunal se pronuncie sobre la prescripción, que bloquea cientos de casos en España. Si no lo hace y se limita a afirmar que ya no concurre el delito de detención ilegal, las fuentes creen que la causa podría verse abocada al fracaso, dado que en todo caso solo se abordaría la suposición de parto y la falsedad, pero no el delito que justifica el robo de bebés.

Un escenario que temen dé alas al negacionismo sobre esta causa y que truncaría las esperanzas que el colectivo tiene depositadas en el Supremo para impulsar sus procedimientos.

Madrigal, presidenta de la asociación Sos Bebés Robados en la región de Murcia, plantea que, solo resuelta la prescripción, se pueda incluir su nueva circunstancia a través de un recurso extraordinario de revisión, que podría corregir su caso concreto, pero no la postura del Supremo sobre el supuesto general.

Este recurso está destinado a revocar sentencias firmes contra quienes han sido condenados por un error tras conocerse datos o hechos clave con posterioridad al juicio.

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