La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, anunciaba ayer que los futuros profesores tendrán un año de práctica tutelada antes de incorporarse a su profesión, una medida que irá incluida en su proyecto de ley (Lomloe) con el que se quiere derogar la Lomce. Una medida que plantea dudas a los sindicatos de enseñanza de la Región, que esperan saber en breve en qué va a consistir. Esta propuesta recuerda al llamado MIR educativo que diversos gobiernos y partidos han ido sugiriendo para reforzar la profesión docente.

El anuncio lo hacía ayer la ministra en su primera comparecencia en esta legislatura en la Comisión de Educación del Congreso, donde explicó que el año de práctica tutelada «permitirá incorporarse a los nuevos docentes a su tarea con las garantías de una adecuada supervisión».

Se prevé que en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la nueva ley haya una propuesta normativa que regule la formación inicial y permanente, el acceso a la profesión y el desarrollo de la carrera docente.

Preguntado por LA OPINIÓN, José Manuel Fernández, coportavoz del Sterm, lamentó que «decisiones políticas tan trascendentes se tomen al margen de la comunidad educativa y del profesorado», al tiempo que consideró que poner en marcha la medida podría suponer una «incidencia importante sobre la organización del profesorado en el centro».

En este sentido, Fernández comentó que teme que la implantación de este MIR educativo implique «precarizar las condiciones del profesorado», dado que la persona que esté en prácticas «puede servir para sustituir el trabajo que están haciendo otros docentes».

Así, se refirió a la figura del «profesor de apoyo», la cual, en su opinión, «peligraría», dado que «la gente de prácticas le estaría haciendo el trabajo gratis». De ahí que «pueda tener incidencias», hizo hincapié Fernández.

Asimismo, se pregunta «por qué el Ministerio habla solo de la formación inicial, cuando hay otros temas igual o más importantes», como por ejemplo que «llevamos mucho tiempo pidiendo una modificación de la carrera profesional», precisó.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en la Región, Nacho Tornel, apuntó que «la necesidad de una formación es evidente, eso nadie lo duda», por lo que comentó que «revisar el modelo no me parece mal». No obstante, consideró que falta «concretar» en qué va a consistir la medida. «Si nos convoca (la ministra), podremos establecer un debate y un diálogo», dijo.

Tornel hizo hincapié en la importancia de «llegar a acuerdos», al tiempo que manifestó que «debatir sobre la necesidad de una formación nadie lo discute; el cómo, sí».

A falta de concretarse la medida anunciada por la ministra, Nacho Tornel elucubra que «va a influir sin la menor duda sobre las condiciones laborales», a lo que añadió que falta saber «si este proceso de formación se dirige solo a los profesores de centros públicos o también de los privados».

A este respecto, el secretario general de la Federación de Enseñanza especificó que «interesa que los dos sectores estén dotados de docentes bien formados». También se preguntó si este periodo de prácticas «va a estar remunerado» y, de ser así, «quién lo remunera». En su anuncio de ayer, la ministra no entró en este extremo. Nacho Tornel, en la misma línea, remarcó que han de concretarse «las condiciones de trabajo» en el periodo de prácticas, y reiteró que el anuncio de Celaá «se tiene que sustanciar en propuestas concretas».