La batalla por el sector primario, por increíble que parezca, no se vivió ayer en Murcia, ni en otras ciudades de España donde los agricultores y ganaderos se han echado a la calle para protestar por la crisis del campo. En Bruselas, los líderes europeos intentaban frenar un recorte en el presupuesto de la Política Agraria Común de un 14% para el periodo 2021-2027 que sería «mortal» para la actividad agraria de España. La PAC estuvo en boca de todos ayer, algunos pendientes de las noticias que llegaban desde el Parlamento y el Consejo Europeo. Los representantes agrarios y de distintos sectores sociales y económicos de la Región se agolpaban frente al Palacio de San Esteban a las once de la mañana. A su alrededor miles de agricultores y ganaderos, todos con una historia personal que refleja la falta de rentabilidad de un sector que languidece a marchas forzadas.

«Es complicado hacer salir a un agricultor a la calle», señalaba Santiago Martínez, presidente de las cooperativas agrarias de la Región. Salieron más de 7.000 ayer, según estimaciones de Coag, Upa y Asaja, principales organizaciones agrarias de la Región. «Pero cuando el agricultor va para atrás y se topa contra la pared, ya no hay quien le pare».

Murcia no vivía una protesta agraria de tales dimensiones desde abril de 2017, cuando una tractorada masiva bloqueó las calles de Murcia durante días. Ayer fueron más de 400 tractores y decenas de camiones que, llegados desde la Vega Alta, el Valle del Guadalentín y el Campo de Cartagena, rugieron motores y pitaron por las arterias de la capital para resonar en toda España.

«Se les ha intentado criminalizar por diferentes motivos, y los empresarios ni lo hemos aceptado ni lo vamos a aceptar», aseveraba José María Albarracín, presidente de la Croem. Esta frase fue una señal clara de que quienes estaban allí, tanto sindicatos como patronal, asociaciones de consumidores y representantes de cooperativas, no iban a quedarse cortos en expresiones claras y concisas. Esther Gómez, copropietaria y directora de Frutas Esther, le siguió el ritmo al jefe de la patronal: «Voy a luchar con ellos, y lo que digo lo siento de verdad, no se puede tolerar esto».

No fue ayer un día para pronunciar frases tibias, ni para mantener un perfil político en una manifestación llena «de hombres y mujeres en ruina». Tras pasar centenares de tractores por la Gran Vía, tras lanzar decenas de proclamas que definían la situación de cada productor y tras dejar un regalo de toneladas de brócoli y coliflor frente a la Delegación del Gobierno, Marcos Alarcón, secretario de organización de UPA en Murcia, puso coto a los gobiernos, de Murcia y de Madrid: «Que no venga ningún gobierno ni ninguna formación política a decir que trasladan nuestras reivindicaciones», dijo entre aplausos. «Ningún gobierno es portavoz de nuestras reivindicaciones».

La pelota, de todas formas, está ahora sobre los gobiernos. Miguel Padilla, presidente de COAG Murcia, destacó las distintas mesas que tienen abiertas con varios ministerios. Con Luis Planas, de Agricultura, para estudiar el grueso de las reivindicaciones como la reforma de la Ley de la Cadena Agroalimentaria, con Yolanda Díaz, de Trabajo, para la bonificación del 100% de la cuota empresarial por las cotizaciones de los trabajadores o la rebaja de las peonadas. En el Ministerio de Asuntos Exteriores se trabaja la PAC, de la que ayer los estados miembros europeo lograron reducir el recorte previsto por el Consejo Europeo y dejar la cifra en 375.000 millones de euros para los próximos siete años y no de 325.000 millones.

Agua y miel

Viticultores con la uva peor pagada del año, apicultores viendo «cómo pasa la miel de China por delante de su cara sin poder hacer nada», ganaderos con evaluaciones de impacto ambiental «como si fueran centrales nucleares», gritaba Marcos Alarcón de UPA a los manifestantes. IVAs reducidos como medida fiscal, junto a reducciones en los impuestos de IRPF y de sociedades «con el fin de que la actividad se pueda seguir desarrollando», remarcó Alfonso Gálvez, secretario regional de Asaja. Las ventas a pérdidas, los márgenes comerciales reducidos, las «abusivas prácticas» de las cadenas de distribución, productos de terceros países, veto ruso y aranceles... No había fin para los problemas de un sector que dejó y pisó con tractores toneladas de brócoli. «No quiero agua a 60 céntimos para un cultivo de brócoli por el que gano 25 céntimos el kilo», aseveró Miguel Padilla. El agua, una reclamación recurrida a lo largo de la manifestación, tuvo su ejemplo en una frase de Lucas Jiménez, presidente del sindicato central de regantes del Tajo-Segura: «Pagamos por agua para agricultura prácticamente lo mismo que se le cobra a los ayuntamientos por el agua potable». El campo en crisis ayer sí necesitó agua de tanto gritar.