La mayoría de los grupos parlamentarios han reiterado este martes en el Congreso de los Diputados la necesidad de derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), por el que se pone un plazo límite a la instrucción de las causas penales, al considerar que esta medida solo ha tenido el efecto de conseguir la «impunidad» en casos de corrupción. La aplicación de esta reforma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 ha permitido la absolución del expresidente de la Comunidad Autónoma Pedro Antonio Sánchez en el caso Pasarelas, uno de los procesos judiciales abiertos contra el anterior jefe del Ejecutivo regional. También ha permitido que se anule parte de la instrucción del caso La Sal, en el que se investiga la responsabilidad de una treintena de imputados en los contratos de la desaladora de Escombreras

La reforma establece un plazo de seis meses para investigar, que puede ampliarse hasta los 18 si la Fiscalía solicita la declaración de 'causa compleja' antes de se cumpla el medio año. El Pleno del Congreso ha debatido este martes la toma en consideración de la proposición de ley presentada por Unidas Podemos para eliminar el polémico artículo, que limita la instrucción de los casos de corrupción, fraude, terrorismo o crimen organizado a seis meses con carácter general o a 18 si se trata de investigaciones que han sido declaradas complejas por un juez, a instancias de la Fiscalía.

El portavoz de la formación morada, Jaume Asens, que defendió la iniciativa, acusó a los populares de haber aprobado este artículo con mayoría absoluta pero sin contar con el criterio de «los abogados, fiscales y jueces». Añadió que cinco años después «vemos que de poco funciona», recordando el archivo del caso Pasarelas en el que se encontraba investigado el expresidente regional Pedro Antonio Sánchez, que acabó siendo absuelto porque Fiscalía pidió fuera de plazo la declaración de 'causa compleja' para poder ampliar el plazo de instrucción.

Es la tercera vez que la Cámara acepta tramitar esta derogación, pues ya lo hizo con el voto en contra del PP, en mayo de 2017 y en septiembre de 2019, pero en ninguno de los casos llegó a completarse la tramitación. La primera vez chocó con la constante ampliación del plazo de enmiendas que impusieron el PP y Cs y la segunda decayó con motivo de las elecciones del pasado mes de noviembre. El PP mantiene que no se puede dejar sin plazo las investigaciones penales, pero no se opondrá a la tramitación de la iniciativa, mientras que Vox se ha mostrado a favor para evitar «la impunidad de los corruptos».