El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra las resoluciones de la Consejería de Educación y Cultura referentes al veto parental que lleva en vigor en los centros escolares desde comienzo de curso.
El departamento de la ministra Isabel Celaá ha solicitado también, con carácter de urgencia, la adopción "como medida cautelar consistente en la suspensión de las instrucciones recurridas".
El recurso del Ministerio llega después de que ayer se cumpliera el plazo dado por el Gobierno de España al Ejecutivo regional para que suspendiera el procedimiento por el cual los centros escolares tienen que pedir permiso a los padres para que los hijos reciban formación curricular complementaria.
Este plazo comenzó el pasado 17 de enero, pero el el Gobierno de Murcia adelantó la pasada semana que no eliminaría esta instrucción de los colegios y acataría las decisiones judiciales.
El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, manifestó ayer lunes que tienen la "tranquilidad" de contar con avales jurídicos y de inspección para esa medida.
La "autorización familiar para actividades complementarias" cuenta "con el aval suficiente" de los informes de los servicios jurídicos y de inspección de la Consejería de Educación, por lo que el Gobierno murciano tiene "la tranquilidad" de que "las cosas se han hecho bien" y con ese respaldo. Y argumentó que la autorización de los padres "es un tema de convicción" y que "la libertad de los padres tiene que primar sobre todo", siempre de manera compatible con la ley.
Isabel Celaá ha insistido en varias declaraciones que no se pide permiso a los padres para "actividades voluntarias, sino actividades complementarias, que son materia curricular obligatoria y evaluable". Para la responsable de Educación, la instrucción del Gobierno murciano "es inventarse un problema que menoscaba la competencia de los centros escolares, de la comunidad educativa y que va contra la libertad de cátedra de los docentes".
Celaá dio a Murcia, en enero, un mes de plazo para "restaurar la legalidad" y retirar el veto parental antes de recurrir a los tribunales como finalmente ha ocurrido.
El polémico permiso parental es una medida impulsada por Vox en Murcia a cambio de apoyar al Gobierno del PP y Ciudadanos de dicha región y se alega que los padres deben dar su permiso para que sus hijos participen de actividades y charlas, en especial sobre las que tratan temas de diversidad y afectivo-sexuales.
Desde el principio ha contado con el rechazo del Gobierno central y de la gran mayoría de autonomías y la comunidad educativa. Andalucía y Madrid, comunidades donde Vox también quería implantar el permiso parental, se han desmarcado de la medida.
