El veto parental en vigor desde comienzo de curso en los centros escolares de la Región comenzó a partir de ayer un nuevo recorrido: el judicial. El Ministerio de Educación y Formación Profesional cumplió su amenaza y ayer por la tarde interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra dos instrucciones dadas a colegios e institutos regionales por parte de la Consejería de Educación y Cultura, que hacen referencia al pin parental, y que este departamento aprobó el pasado mes de agosto.

En paralelo a este recurso, el Ministerio también solicitó, a través de la Abogacía del Estado, con carácter de urgencia, «la adopción de una medida cautelar consistente en la suspensión de las instrucciones recurridas», según señaló el Ministerio de Educación. Por su parte, el TSJ señalaba ayer que una vez se haya registrado el escrito, corresponde al Letrado de la Administración de Justicia comprobar que se cumplen los requisitos formales exigidos y admitir a trámite el recurso o requerir la subsanación de los mismos.

El recurso se ha presentado mediante escrito remitido por Lexnet en la tarde de ayer al Servicio Común General del TSJ.

El recurso del Ministerio de Educación llega después de que el pasado lunes se cumpliera el plazo dado por el Gobierno de España al Ejecutivo regional para que suspendiera el procedimiento por el cual los centros escolares tienen que pedir permiso a los padres para que los hijos reciban formación curricular complementaria.

Este plazo comenzó el pasado 17 de enero, pero el Gobierno de Murcia adelantó la pasada semana que no eliminaría esta instrucción de los colegios y acataría las decisiones judiciales.

El recurso va contra dos instrucciones de comienzo del presente curso académico incluidas en dos resoluciones del pasado 29 de agosto de 2019, una para los centros docentes que imparten Educación Infantil y Primaria, y otra para los centros docentes que imparten Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. En el primer caso la instrucción es el punto número 15.2 y en el segundo el punto 25.

En esta instrucción que ahora recurre el Gobierno central, común para ambas resoluciones, se estipula que todas las actividades curriculares complementarias que estén programadas por los centros y que vayan a ser impartidas «por personas ajenas al claustro del centro educativo, se dará conocimiento a las familias, además de por la vía o vías que el centro utilice para dar a conocer los documentos institucionales, por medio de una relación detallada que los tutores de los distintos grupos de alumnos facilitarán a padres y madres al inicio del curso escolar con objeto de que puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades».

Por otra parte, la suspensión cautelar planteada por la Abogacía del Estado, si es admitida a trámite, se estudiará en una pieza separada dentro del TSJ de Murcia. Fuentes judiciales señalan que de ser así se dará audiencia de la parte contraria, es decir, al Gobierno regional, que tiene para contestar, «una vez notificada», un plazo que no excederá de diez días. «Recibida la contestación, el incidente cautelar será resuelto por auto de la Sala de lo Contencioso dentro de los cinco días siguientes».

Tranquilidad en San Esteban

Si una «sentencia firme» no señala lo contrario, el Gobierno regional mantendrá la instrucción de la autorización paterna en los colegios de la Región. El Ejecutivo murciano se muestra tranquilo y no duda en argumentar que el pin parental se encuentra sustentado por informes favorables de los servicios jurídicos de la Consejería de Educación y del propio Gobierno regional.

Según recoge EFE, desde el Gobierno regional pedían ayer que no se dramatice con respecto al permiso parental, ya que «en la Región de Murcia no hay ningún caso de adoctrinamiento, ni político ni de otro tipo, que se haya registrado por parte de Educación» y el respeto a los docentes es «absoluto» porque la autorización solo se pide para personal ajeno a los centros educativos. El Gobierno prevé un paréntesis de tranquilidad respecto al pin parental mientras la justicia resuelve.