La Consejería de Empleo, Investigación y Universidades va a poner en marcha un plan de choque contra la economía sumergida en colaboración con la Inspección de Trabajo. A lo largo del año 2020 se realizarán casi 5.000 actuaciones para detectar irregularidades en la contratación por cuenta ajena y en el trabajo por cuenta propia, según informaron fuentes del departamento de Miguel Motas. Los inspectores realizarán visitas a empresas de la agricultura, industria, construcción, comercio, hostelería y transporte. El plan de choque se extenderá también a las empleadas de hogar y a los trabajadores del comercio electrónico y de las plataformas de venta que están creando nuevas fórmulas de trabajo invisible.
La directora general de Diálogo Social y Bienestar Laboral, Manuela Marín, pretende firmar convenios de colaboración con los ayuntamiento para recabar información sobre las posibles irregularidades que puedan estar produciéndose en empresas locales.
A lo largo de este año se realizarán casi 5.000 actuaciones para detectar la presencia de trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social y de extranjeros en situación irregular.
Agricultura, industria, construcción, comercio, hostelería, transporte y empleadas de hogar serán los sectores en los que se desarrollará el plan de choque previsto para 2020.
La campaña también estará orientada a detectar bajas indebidas, irregularidades en la contratos de becarios y de las practicas no laborales, así como en la jornada a tiempo parcial y en el trabajo de los autónomos, entre otros colectivos.
La campaña se extenderá también a los trabajadores del transporte que realizan desplazamientos trasnacionales y a los empleados que desarrollan su actividad a través del comercio electrónico y plataformas telemáticas, que están introduciendo nuevas formas de trabajo no declarado.
Durante el pasado año las inspecciones realizadas han permitido dar de alta en Seguridad Social a 1.166 trabajadores que no estaban cotizando y han aflorado 260 empleos, lo que suma un total de 1.426 trabajadores en situación irregular.
La Inspección también ha detectado a 149 inmigrantes extranjeros que carecían del preceptivo permiso de trabajo y a 97 perceptores de prestaciones o subsidios de desempleo incompatibles con el trabajo por cuenta ajena.
En total, la cifra de trabajadores en situación irregular que han pasado a estar incluidos en el sistema se eleva a 2.677.
La proporción de irregularidades detectadas por cada 100 visitas de los inspectores se sitúa en 28,1, porcentaje que resulta ligeramente inferior al del año anterior.
La hostelería (24,4%), construcción (28,1%), servicios (22,1%), agricultura (23%), industria (20,3%) y comercio (13%) son los sectores que arrojan las mayores tasas de irregularidades.
La Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral también está dispuesta a colaborar con la FREMM en las iniciativas que desarrolla esta organización empresarial para sacar a la luz empresas que trabajan en la economía sumergida.
Según los últimos estudios, la economía irregular representa la cuarta parte del Producto Interior Bruto (PIB) de la Región, que este año ascenderá a más de 33.000 millones.
