No será fácil llevarlo a cabo para algunos ganaderos de la Región pero el sector llevaba años esperándolo. El Real Decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros por el que se establecen las nuevas normas básicas que regulan las granjas porcinas pone el foco en las medidas medioambientales y de bienestar animal que deberán adoptar las explotaciones ganaderas. La normativa, que actualiza la que lleva en vigor desde el año 2000, plantea mejoras y novedades en cuanto a la gestión de estiércoles en las granjas. El Gobierno quiere aumentar el control de los purines en las explotaciones con un Plan de Gestión Ambiental individualizado para cada granja.
Por otra parte, la nueva norma introduce medidas para la reducción de las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero por parte de las granjas de ganado porcino, en particular, el registro de manera individualizada por cada granja de las emisiones y las técnicas que utiliza para su reducción. La normativa también establece la exigencia de un plan individual para cada granja que evalúe los potenciales riesgos y las medidas a adoptar para el bienestar de los animales. Los nuevos requisitos en materia de impacto ambiental , señala el Gobierno, permitirán reducir las emisiones de gases contaminantes (en particular amoniaco) y de efecto invernadero en cerca del 21% a partir de 2023. En la Región, la actividad ganadero puede llegar a emitir al día más de 40 toneladas de amoniaco, según una investigación científica del Centro Nacional de Supercomputación.
La aprobación de este Real Decreto ha cogido al sector de ganado porcino en la Región de Murcia con el «trabajo avanzado» en la mayoría de medidas y sin muchos sobresaltos de momento. Los ganaderos, señalan desde el sector, ya habían acometido algunas acciones en esta línea más centrada en el medio ambiente y la sanidad animal. En 2018, en la Región había censados 1.890.222 cerdos y registradas 1.509 explotaciones porcinas.
Sin embargo, los planes y controles más individualizados que ahora refleja la normativa pueden suponer una mayor inversión para los pequeños y medianos ganaderos, sobre todo a aquellos pertenecientes al régimen de integración ganadera. Los dueños de las instalaciones, remarcan varias organizaciones agrarias, deberán adaptar las instalaciones a las nuevas necesidades medioambientales y que permitan un mayor control sobre los purines, así como la contratación de personal externo como operadores medioambientales y técnicos que deban estar pendientes de certificados o registros que puedan llevar a una mayor «actividad burocrática» por parte de la explotación.
El sector se compromete a dar respuesta a esta nueva regulación, afirma Carlos Esparcia, secretario de Ganadería de Upa Murcia, pero va a «suponer un esfuerzo». El secretario de Upa subraya que ese esfuerzo debe trasladarse a la cadena alimentaria ya que los costes de producción aumentarán con las nuevas inversiones que deban hacer los ganaderos, lo que agravaría la crisis del sector junto a los bajos precios en origen con los que se paga a los productores.
«Tendrá que tener su contrapartida, el peso de los costes no debe aguantarlo solo el productor», indica, y señala a las empresas integradoras del sector, las que proporcionan los animales, comida y medicamentos a los dueños de las explotaciones dentro del régimen integrador, para que ellas asuman el costo de producción y también el resto de componentes de la cadena como los supermercados.
De la misma opinión es Vicente Carrión, responsable de la sección de ganadería de COAG en la Región, que señala que los gastos añadidos se compartan entre el «dueño de los animales, es decir, la empresa que los proporciona, y el dueño de la instalación». Carrión adelanta que deberán revisarse los contratos de integración en la ganadería para ver cómo adaptarse a la nueva normativa. Esta nueva ordenación también obligará a las explotaciones a disponer de un veterinario, algo que desde el sector señalan que ya se cumple.
Fiscalizar la actividad ganadera
La nueva normativa pondrá el acento en la «autogestión de los ganaderos», señala la concejala de Izquierda Unida de Lorca, Gloria Martín, que remarca el «descontrol absoluto» que hay de la ganadería porcina sobre todo en el municipio de Lorca. «No parece que haya un cambio radical en la normativa, ni se indica de qué manera se va a controlar, pero espero que haya una mayor fiscalización de la actividad ganadera».
