No se queda nadie fuera y ese día llaman a un paro masivo en el sector primario. Las organizaciones agrarias y ganaderas de la Región, Coag, Upa y Asaja, han pedido un parón de la actividad laboral el próximo 21 de febrero, día de la manifestación en Murcia convocada por la crisis que atraviesa el campo debido a los bajos precios que reciben los productores y los altos costes de producción a los que tienen que hacer frente. Este parón se amplía no solo a agricultores y ganaderos, sino a todos los trabajadores que estén vinculados a la actividad y pertenezcan a la cadena agroalimentaria.
Las tres organizaciones han tenido varias reuniones en la última semana para recabar apoyos de todas los colectivos posibles. A estas reivindicaciones se han sumado las cooperativas agrarias, representadas por Fecoam y Fecamur, además de las ya anunciadas como las asociaciones de exportadores (Proexport y Apoexpa), sindicatos (CC OO y UGT) y la comunidad de regantes (Scrats).
Asambleas y reuniones informativas comenzarán a celebrarse durante estas dos próximas semanas en distintas localidades de la Región, en la que los organizadores animarán a la participación en la manifestación. Las reuniones previstas por los representantes del campo que ya están programadas serán en Yecla, Jumilla, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Lorca o Torre Pacheco, entre otros.
La manifestación pretende ser una «llamada de atención» a todas las administraciones que tienen la obligación de velar por el correcto funcionamiento de la cadena alimentaria y la equidad entre los operadores que la constituyen, desde la Unión Europea, el Gobierno de España como el de la Región de Murcia, de ahí la intención de los convocantes de que la manifestación se inicie frente al Palacio de San Esteban (sede del Gobierno regional), discurriendo por la Gran Vía y Avenida Teniente Flomesta, finalizando frente a la Delegación del Gobierno (institución que representa al Estado en la Región).
La denuncia de prácticas comerciales abusivas y los comportamientos de la distribución agroalimentaria realizada por las entidades agrarias, que «impiden a los productores recibir precios justos por sus productos que compensen los costes de producción», se presenta como un problema que perjudica al conjunto de la sociedad y adquiere una dimensión económica y social más allá de los perjuicios que ocasiona a los propios agricultores y ganaderos.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, mantenía ayer una reunión con la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) en la que ponía encima de la mesa la necesidad de modificar la Ley de la Cadena Alimentaria para mejorar la posición de agricultores y ganaderos. «La pretensión del Gobierno es la de conseguir unos precios que sean más significativos, más elevados y lograr que ese tobogán de precios se atenúe. Creo que no se trata de culpabilizar a ningún elemento de la cadena», señalaba el ministro.
