07 de febrero de 2020
07.02.2020
Tribunales

La Fiscalía pide tres años de prisión a Mendoza por las obras de la UCAM

Ha elaborado ya su escrito de conclusiones provisionales pese a que la Audiencia todavía se encuentra pendiente de resolver un recurso sobre la imputación del presidente de la Universidad Católica

07.02.2020 | 21:06
El presidente de la UCAM, José Luis Mendoza.

La Fiscalía ha pedido para el presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) tres años de prisión por las obras presuntamente ilegales que hizo en el entorno del Monasterio de Los Jerónimos.

El representante del Ministerio Fiscal ha elaborado ya su escrito de conclusiones provisionales, en el que solicita además una sanción económica y la inhabilitación del presidente de la UCAM para ejercer como promotor de obras.Le considera autor de un delito continuado contra la ordenación del territorio.

Los hechos por los que Mendoza podría llegar a sentarse en el banquillo de los acusados se remontan a los años 2011 y 2013, cuando se construyó un aulario de cerca de 2.500 metros cuadrados así como un laboratorio y un almacén en el conjunto universitario de Guadalupe sin contar con la preceptiva licencia urbanística. Estas obras supuestamente ilegales fueron denunciadas por el Ayuntamiento en el año 2015, iniciándose poco después la investigación judicial, a cargo del Juzgado de Instrucción Número Cinco e Murcia.

Este juzgado se pronunció hace unos meses confirmando la existencia de indicios delictivos y propuso la apertura de jucio oral, algo que fue recurrido por la Universidad Católica. Posteriormente, el juzgado volvió a pronunciarse en el mismo sentido, tras lo cual la UCAM optó por recurrir en este caso, al órgano superior, la Audiencia Provincial de Murcia.

En estos momentos es este órgano el que debe decidir si la causa continúa adelante y lleva al presidente de la universidad privada ante el tribunal.

La UCAM ha emitido un comunicado en el que califica de ''disparatada'' la petición del fiscal, que ''obedece al objetivo de provocar un titular grandilocuente con el que hacer daño a esta institución universitaria (a sus trabajadores y estudiantes), sabiendo bien que es totalmente injusta, ya que los prefabricados desmontables, ubicados en terrenos propiedad de la UCAM, en la zona sur del campus y destinados a aularios y servicios educativos, son legalizables desde el primer momento''.

El comunicado de la institución universitaria continúa señalando lo siguiente: 


La legislación regula perfectamente su autorización y legalización, al ubicarse en suelo considerado por el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia como no urbanizable sin protección (ni general ni especial, ni municipal ni autonómica ni estatal), permitiéndose de manera expresa en él la implantación de actividades docentes en general.

Por ello, la UCAM ha solicitado e insiste en el archivo de las actuaciones, al no existir ningún ilícito penal.

El propio PGOU reconoce el carácter de interés público para la enseñanza superior, y además la Fundación Universitaria San Antonio, titular de la Universidad, es también de interés público por orden ministerial. 
 
La administración ha venido aplicando la norma de forma habitual, también a la propia UCAM, a la que en 2011 dio una autorización para aularios exactamente en el mismo lugar donde se han ubicado los prefabricados y para idéntico fin.

Además, en el caso actual se instalaron pabellones desmontables, solventado así provisionalmente la necesidad de acoger el incremento de alumnos, ya que la expansión del campus está realmente proyectada para su zona norte, pero la administración la tiene paralizada desde hace seis años, a pesar de que la UCAM culminó el proceso urbanístico aprobado, en el que hizo una inversión millonaria, y dispone de todas las autorizaciones pertinentes.
 

Es más, la administración ha legalizado incluso todas las edificaciones e instalaciones industriales sobre suelo similar realizadas por particulares para actividades lucrativas, y cuyo interés público se ha justificado solo puntualmente, como la propia fiscalía ha podido comprobar, solventándose todos los casos en el ámbito administrativo y jamás en el penal.
 
Otra prueba más del interés público de esta institución, sin ánimo de lucro, es que da empleo a más de 3.700 personas, generando riqueza para la región, y cuya indudable actuación respecto del patrimonio ha sido la de destinar 17 millones de euros de recursos propios a restaurar, recuperar y poner en valor en Monasterio de Los Jerónimos, que se hallaba en estado de total ruina.
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