06 de febrero de 2020
06.02.2020
Economía

Las plazas de viviendas turísticas ya triplican a las de los hoteles en la Región de Murcia

La patronal hotelera se lamenta de este tipo de competencia desleal y recuerda que ningún ayuntamiento ha entrado todavía a marcar los requisitos que deben cumplir estos alojamientos

05.02.2020 | 21:06
Una habitación de hotel.

La patronal de los hoteles de la Región reclama a los ayuntamientos la aprobación de las ordenanzas por las que deben regirse las viviendas turísticas que están habilitándose en las ciudades más turísticas. El presidente de la Asociación de Hoteles de Hostemur, Juan Carlos García, se queja de que ningún consistorio ha empezado a regular las condiciones que deberán cumplir los propietarios de los pisos reconvertidos para uso turístico dentro de las comunidades de vecinos y recuerda que esta actividad supone una competencia desleal, ya que se trata de negocios que no soportan la presión fiscal ni a las exigencias que deben cumplir los alojamientos reglados.

La Región cuenta ya con 64.000 plazas habilitadas en viviendas declaradas como alojamientos turísticos, según los datos ofrecidos por la Consejería de Cristina Sánchez a principios de año.

Durante el pasado año 1.362 viviendas se sumaron al registro regional de alojamientos turísticos, lo que representan el 89% del aumento registrado en 2019.

El Consejo de Gobierno aprobó en octubre de 2019 el decreto por el que se regulan los apartamentos turísticos de la Región, en el que se establecen los requisitos que deben cumplir los establecimientos y las empresas que ofrecen este servicio, así como el procedimiento para su clasificación y el régimen de funcionamiento.

El presidente de la Asociación de Hoteles de la patronal Croem destaca que estas 64.000 plazas habilitadas en las viviendas reconvertidas en alojamientos turísticos suponen «más del triple que las camas disponibles en los hoteles de la Región, que no llegan unas 20.000».

Sin embargo, defiende que «los hoteles y los establecimientos reglados movilizan una inversión y aportan un valor añadido con la creación de puestos de trabajo» muy superior al de las viviendas utilizadas por las plataformas y los portales informáticos a través de los cuales se ponen en el mercado estas plazas de uso turístico.

A su juicio, se trata de negocios cuya aportación a la economía regional resulta muy escasa, mientras que llegan a convertirse en una fuente de conflictos en los edificios y en los barrios en los que se produce una mayor concentración, tal y como ha ocurrido ya en otras comunidades autónomas.

Juan Carlos García añadió que los hoteles están obligados, además, «a pagar impuestos como el IAE» y a cumplir unos requisitos a los que escapan los propietarios de estas viviendas reconvertidas en alojamientos turísticos, que se convierten en negocios instalados dentro de una comunidad de vecinos.

Recordó que la convivencia de los usuarios de estos alojamientos con los demás vecinos de los inmuebles está generando muchos conflictos en las grandes ciudades españolas y en capitales turísticas como Palma de Mallorca, por lo que considera urgente que los ayuntamientos establezcan unas pautas a seguir para facilitar la coexistencia.

De momento, el único ayuntamiento de la Región que se ha planteado la elaboración de una normativa propia para regular las viviendas turísticas ha sido Cartagena, cuyo pleno municipal ha aprobado una iniciativa a favor de la ordenanza, según indicó el representante de la patronal regional.

Juan Carlos García precisó que, además de las quejas motivadas por el ruido y las molestias que ocasiona el trasiego constante de turistas, la elevada rentabilidad de las viviendas que se alquilan para un día o para un fin de semana está tirando alza de los alquileres, lo que provoca una caída de la oferta de casas destinadas al arrendamiento para familias, con el consiguiente encarecimiento de los precios.

Aunque la reforma de la ley de alquileres aprobada por el Gobierno central a principios de 2019 permite a las comunidades de vecinos vetar la apertura de viviendas turísticas en los edificios, el representante de la patronal señaló que también se produce una presión en los barrios con mayores posibilidades de reconversión de viviendas para el uso turístico, «lo que da lugar al desalojo de los vecinos que no pueden pagar el alza de los precios, un fenómeno llamado gentrificación».

Para Manuel Pato, la ordenanza no es «una urgencia» para los consistorios murcianos, teniendo en cuenta que la ley aprobada por el Gobierno regional se publicó en el Boletín Oficial de la Región en el mes de octubre.

No obstante, reconoce que la existencia de este tipo de alojamientos turísticos ocasiona cierta «colisión, porque hay muchos intereses en juego», y puede condicionar «la calidad de vida de los vecinos», por lo que considera que podría abordarse. «Ahora que tenemos un marco legal, podíamos hacer una ordenanza municipal, que evite la colisión de intereses», apuntó Manuel Pato. «No tenemos un problema, pero en los municipios turísticos sí puede llegar a ser complicado conjugar todos los intereses».

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