06 de febrero de 2020
06.02.2020
Caso Desaladora

El Gobierno regional se persona en la causa contra Valcárcel

Lo hace "por coherencia procesal" después de que así se lo hayan recomendado los servicios jurídicos de la Comunidad

06.02.2020 | 18:31
Javier Celdrán, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, este jueves.

El Gobierno regional ha decidido este jueves en Consejo de Gobierno personarse en la causa abierta contra el expresidente Ramón Luis Valcárcel. "Lo que hacemos es seguir las recomendaciones que nos han hecho los servicios jurídicos de la Comunidad", ha declarado ante los medios el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, antes de su comparecencia en la comisión de Economía y Hacienda para presentar los presupuestos que competen a su departamento.

Celdrán no cree que esta decisión vaya a tener ninguna repercusión para la estabilidad del Gobierno. "Estamos haciendo lo que hay que hacer. Los servicios jurídicos nos dicen que debemos defender los intereses de la Comunidad Autónoma, y para eso hace falta que estemos personados. Es interesante para la Región de Murcia, para saber lo que ha pasado, estar personados", ha explicado.

El consejero ha recordado que, "por coherencia procesal", en el anterior caso por el que fue investigado Valcárcel, La Sal, también se personó el Gobierno regional. "Ahora hacemos lo mismo", afirmó.

El expresidente de la Comunidad de Murcia y exvicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, ha sido citado a declarar como investigado el próximo 16 de marzo en el caso de la desaladora de Escombreras por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, han informado fuentes próximas a la causa.

La citación es consecuencia de la denuncia que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia presentó el pasado julio y en el que se le atribuyen también los supuestos delitos de fraude y fraude de subvenciones.

La acusación estatal sostiene en su denuncia que el exmandatario regional no pudo ser ajeno a las gestiones llevadas a cabo por el Ente Público del Agua (EPA) para asumir las obras de la desalinizadora a través de un contrato que considera muy perjudicial para las arcas públicas.

Según la Fiscalía, por medio de este contrato la Administración regional se comprometía a abonar 600 millones de euros durante el plazo de 25 años por la producción de agua desalinizada, incluso aunque no se hubieran obtenido los recursos hídricos previstos.

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