El abogado murciano Diego de Ramón ha remitido un escrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el que solicita "la aplicación del artículo 155 de la Constitución española" para que asuma las competencias en materia ambiental en la Región de Murcia "por la total negligencia, dejación e ineficacia" del Ejecutivo autonómico respecto al Mar Menor.

En concreto, reprocha que el Gobierno murciano debía "proteger, mantener y conservar con su fiscalización el orden natural del Mar Menor, para obtener el equilibrio de la naturaleza y, con ello, la salud humana, evitando enfermedades alimentarias".

En su escrito, el letrado lamenta sin embargo el "holocausto de peces muertos" por asfixia en el Mar Menor, que ha cifrado en hasta "tres toneladas", debido al episodio de anoxia que tuvo lugar a principios de octubre de 2019. Así, atribuye esta situación a la "omisión" de sus obligaciones que hizo el Gobierno regional, que tiene "las competencias medio ambientales".

Y es que, añade, en el Mar Menor "entran 3.000 kilogramos de nitratos diarios, es decir, tres toneladas, que al mes suman 900 toneladas que se van sumando a los sedimentos en el fondo de la laguna". Teniendo en cuenta la "dejadez" de la Administración regional, De Ramón lamenta que en los últimos diez años se podría haber evitado el vertido de 300.000 toneladas de nitrato "totalmente perjudicial para la salud humana".

En este sentido, se pregunta "qué medio natural puede aguantar o sufrir esta presión contaminante en su fauna marina".

Entre otras cosas, el abogado propone investigar los daños económicos producidos y el valor de restauración de los mismos, "para poder repercutirlos en sus autores"; así como la muerte de cualquier ser vivo "por la contaminación imparable y crónica desde hace más de 15 años", teniendo en cuenta que ha podido "romper la cadena alimenticia".

Asimismo, insta a investigar la flora marina; las cofradías de pescadores "como perjudicados en sus capturas"; así como al sector del turismo, "afectado en espacios vacacionales y de transito temporal y estable o fijo en toda la zona costera del Mar Menor"; o la afectación en toda la infraestructura hotelera.

Además, emplaza al Ministerio a investigar los Fondos Europeos (FEDER) recibidos para infraestructuras y el dinero público europeo asignado a la Comunidad Autónoma "para proteger, tutelar, vigilar y conservar el medio ambiente en el Mar Menor, desde hace más de 20 años".

Si es así, cree que habría que "dar traslado al Tribunal de Cuentas de Luxemburgo, para que investigue estos extremos y delimite responsabilidades económicas y perjuicios producidos", con el fin de que sus autores "respondan en su responsabilidad patrimonial personal".

Finalmente, pide también una auditoria económica del daño producido en el Mar Menor y de la gestión ejercida a través del dinero recibido de las transferencias del Estado.