El Gobierno regional no tiene claro si podrá evitar el apagón de la televisión autonómica. El contrato con la actual concesionaria expira el 30 de abril, pero ya no da tiempo de convocar y adjudicar el nuevo concurso, por lo que existe el peligro de que el canal autonómico vuelva a 'a negro', tal y como ocurrió en 2012, cuando la Comunidad rescindió el contrato con la anterior concesionaria. El Ejecutivo aspira a acogerse a la Ley de Contratos, que establece la posibilidad de prorrogar una concesión para no suspender una servicio público básico, pero no sabe con seguridad si legalmente puede considerarse que un canal autonómico es equiparable al suministro de agua potable o a la recogida de la basura. La Comunidad es consciente de que existen dos interpretaciones jurídicas diferentes y sabe que se enfrenta a posibles recursos, porque el pliego del contrato vigente dice expresamente que solo podrá prorrogarse una vez, algo que hizo ya hace dos años.
El consejero de Hacienda, Javier Celdrán, que este viernes firmó con el director del ente público Radio Televisión de la Región de Murcia (RTRM), Mariano Caballero, el Contrato Programa que establece los requisitos a cumplir por la nueva concesionaria, aseguró que la decisión está siendo estudiada por los servicios jurídicos.
La firma de este documento permitirá poner en marcha el proceso de licitación, pero la adjudicación definitiva puede demorarse hasta final de año, ya que si la empresa ganadora no fuese la actual concesionaria, la compañía, Secuoya, necesitaría varios meses para poner en marcha su propia programación.
El director general de RTRM, que fue designado por la Asamblea Regional a propuesta del PP y Cs, aseguraba que «sería un desastre que la televisión se vaya a negro», lo que significaría el cese de la programación que ofrece Secuoya.
No obstante, al igual que ocurrió en 2012, el ente público podría mantener las emisiones tirando del archivo y de reposiciones de películas y programas ya emitidos, además de los informativos
Para Mariano Caballero resulta lamentable que «después de rehabilitar» la televisión autonómica tras el apagón de 2012, volviera a producirse una nueva suspensión.
De llegar a producirse el apagón, no solo repercutiría sobre la plantilla de Secuoya, sino también sobre las productoras que están suministrando parte de los programas ofrecidos por el canal autonómico, tal y como admitió Celdrán.
El consejero de Hacienda sostiene que su objetivo «es poder llegar a esa fecha, pero si no llegáramos, tenemos a nuestros servicios jurídicos trabajando para encontrar los mecanismos legales que nos permitan tener una televisión y no ir 'a negro'». Añadió que hay «un 99% de posibilidades de que eso no va a ocurrir», aunque la Comunidad tiene claro que existen dos interpretaciones legales diferentes sobre la posible aplicación de la Ley de Contratos, que establece una prórroga provisional de las concesiones caducadas por un máximo de nueve meses, pero solo para los servicios públicos considerados esenciales.
Celdrán aseguró que la Comunidad pretende «garantizar que se mantengan los servicios de interés general e informativo y no perjudicar a todas las empresas proveedoras o que están realizando programas para la televisión y, por supuesto, tampoco perjudicar al personal que está trabajando» en la actual concesionaria.
El consejero confía en que el contrato pueda salir a licitación en las próximas semanas. Reconoció que los plazos «aprietan» y hay «dificultad» para poder cerrar el proceso antes de la finalización del contrato actual, al tiempo que justificó el retraso de la convocatoria en las dificultades para afrontarlo en un año marcado por tres convocatorias electorales. El nuevo concurso establece una asignación anual de 15,5 millones para la televisión autonómica durante los cinco años que durará la nueva concesión.
