El 64,35 por ciento de los autónomos de la Región de Murcia está en desacuerdo con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pactada por el Gobierno central, los sindicatos y los empresarios, y el 54,62 opina que otro incremento afectaría a sus negocios entre bastante y mucho.
Casi la mitad de los autónomos de la Región de Murcia (un 44,31 por ciento) creen que en 2020 les irá peor que este 2019, y solo un 9,23 espera mejorar su situación, mientras que solo un 10,5 por ciento tiene previsto hacer nuevos contratos para su empresa y un 30,6 por ciento cree que tendrá incluso que prescindir de alguno de sus trabajadores.
Así se desprende del último barómetro realizado por la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), cuyos resultados regionales han presentado este viernes la vicepresidenta de la organización y presidenta a en la Región de Murcia, Celia Ferrero, y el coordinador general de ATA Murcia, Francisco Casado.
En cuanto al análisis que los autónomos murcianos hacen del año 2019, es ligeramente más optimista que el de la media nacional, ha apuntado Ferrero, lo que viene motivado en parte por el hecho de que la comunidad autónoma creció por encima de la economía española, pero sin embargo las perspectivas de cara a 2020 son peores que las reflejadas por el conjunto del país.
Así, un 44 por ciento de los encuestados consideró que en 2019 su actividad fue similar a la de años anteriores, mientras que un 43,6 por ciento dijo que fue peor y un 8,1 por ciento, que se mantuvo igual.
De cara a 2020, el 44,3 por ciento creen que su situación empeorará, mientras que el 40,5 piensa que seguirán igual, y el 9,2, que mejorarán.
En relación con el empleo, un 47,15 de los autónomos murcianos tiene asalariados a su cargo y, de ellos, solo un 35,7 hizo nuevos contratos en 2019, mientras que solo un 10,5 por ciento prevé hacer nuevos contratos en 2020, frente al 73,6 que asegura que no lo hará (otro 15,6 por ciento se muestran indecisos al respecto).
Además, un 30,6 por ciento ha manifestado que, si no cambian las circunstancias, tendrá que despedir algún trabajador este año, mientras que un 39,3 por ciento creen que no lo harán y un 30 por ciento no lo sabe.
Entre los que no tienen previsto hacer nuevos contratos, la mayoría, un 40,9 por ciento aseguran que no lo necesitan en su situación actual, pero un 35,5 por ciento dijo no poder asumir una contratación por motivos económicos, y otro 8,5 apunto que, de hecho, está reduciendo la plantilla.
Para Ferrero, uno de los factores que incidirá directamente en este aspecto es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que supone un problema económico para muchos autónomos y pymes debido a que al incremento del sueldo deben sumar el aumento en los costes de las cotizaciones.
Así, para pagar 950 euros al mes a un asalariado, el autónomo debe desembolsar 1.471,33 euros, ha indicado, lo que genera un sentimiento contradictorio, puesto que el sector reconoce la importancia de que los trabajadores cobren un mayor salario, pero a la vez se ven imposibilitados para abonarlo.
De hecho, en la encuesta se preguntó a los autónomos por su opinión con respecto a la subida y un 64,3 por ciento dijo estar en contra, frente al 23,8 por ciento que se mostró a favor. Asimismo, un 54,6 por ciento consideró que la subida afectará a su negocio, y solo un 18,4 dijo que no le afectaría en nada.
También se les preguntó por su opinión sobre la propuesta de adecuar la base de cotización a los rendimientos netos, una medida sobre la que hay gran incertidumbre, tal y como muestra la división de opiniones, ha apuntado Ferrero: el 42,4 por ciento se muestra a favor; el 35,4 por ciento, en contra, y el 22,2 por ciento no sabe qué contestar.
La encuesta ha abordado todas las novedades legislativas relacionadas con los autónomos y se detecta un gran desconocimiento de las mismas, de hecho, un 22,1 por ciento de los encuestados dijo desconocerlas por completo y un 51,4 había oído de ellas pero no las conocía en profundidad.
Por eso, Ferrero ha reclamado una mayor labor pedagógica por parte de las administraciones para garantizar que las medidas que se ponen en marcha puedan realmente beneficiar al sector.
La morosidad, otro de los temas analizados en la encuesta, afecta a un 33,5 por ciento de los autónomos murcianos y de ellos, un 46,2 por ciento tarda entre 3 y 6 meses en cobrar; un 15,2 por ciento, más de seis meses y un 5 por ciento acumula retrasos de más de un año.
A ese respecto, Ferrero ha destacado la evolución negativa que ha tenido a lo largo de 2019 el plazo de pago de las administraciones públicas, que paso de 40 días de media en el primer trimestre a 79 en el último, lo que ha llevado al estado a retener fondos de las entregas a cuenta para pagar a esas empresas.
No obstante, la dirigente se ha mostrado cauta ante esta medida, que podría generar nuevos retrasos en el pago a los autónomos que están ahora desarrollando trabajos para la administración, y ha apuntado que es necesario verificar si el estado está realmente pagando esas facturas pendientes y que influencia ha tenido en el retraso la situación de inestabilidad política a nivel nacional.
