El crecimiento exponencial de los informes de responsabilidad social y el interés por integrar criterios sociales responsables en la gestión diaria de las empresas españolas surgió sobre todo a partir de 2008, en gran parte, porque la crisis económica y financiera había generado una acusada falta de confianza de la sociedad en la actuación del tejido empresarial. Este cambio de paradigma en los modelos de negocio ha ido cristalizando también a través de paquetes legislativos en el Parlamento Europeo y en el Estado.
La aprobación en diciembre de 2013 de la Ley de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen gobierno y la aprobación de la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020 en octubre de 2014 por el Consejo de Ministros, es buena prueba de ello, pero este camino hacia la responsabilidad social todavía no ha llegado de lleno hasta las administraciones públicas, ni regionales ni locales.
De los 8.116 municipios que existen en España, solo un centenar han elaborado en algún momento la llamada Memoria de Sostenibilidad. En la Región, a pesar de algunas mociones aprobadas en los salones de plenos, ningún Ejecutivo local ha desarrollado todavía un plan específico para la implantación de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en su actividad diaria, cuyo reflejo debe mostrarse en la citada memoria, un documento que permite visibilizar las políticas de responsabilidad social del Ayuntamiento y hacer un seguimiento de este proceso a lo largo de los años.
Esta inercia podría romperse en 2020 si el Ayuntamiento de Murcia concluye con éxito la mesa de trabajo que inauguró el pasado mes de diciembre para la implantación de la RSC en su administración. En el caso de Murcia, se ha fijado como meta la publicación este año de la memoria de RSC 2019; se convertiría así en el primer municipio de la Región en lograrlo. Por otra parte, aunque no en un estado tan avanzado, los consistorios de Yecla, San Pedro del Pinatar, Cieza, Santomera y Las Torres de Cotillas, están trabajando desde hace más de un año en un programa de acción formativa impulsado por la Cátedra de RSC de la UM para mejorar más de 140 indicadores sobre aspectos sociales, éticos, laborales, medioambientales, y legales que surgen de su relación con otras instituciones públicas, empre-sas, organizaciones sociales y ciudadanos.
Cabe recordar que la mitad de los municipios murcianos suspendieron en la implantación de estas estrategias, tal y como revelaron los resultados de la segunda fase del estudio 'Nivel de RSC de los Ayuntamientos de la Región de Murcia' publicado en 2018 por la UM. Especialmente preocupante fue el resultado de municipios como La Unión, Fuente Álamo, Archena, Caravaca de la Cruz, San Javier o Torre Pacheco, todos ellos con niveles ínfimos de compromiso con la RSC, especialmente en lo relativo al medioambiente, aspectos sociales, sostenibilidad y contratación.
Cuenta pendiente en Cartagena
Hace nada más y nada menos que cuatro años, en octubre de 2015, el Grupo Municipal de Cs en Cartagena, hoy en el Gobierno local en coalición con PP y PSOE, defendió en el Pleno una moción reclamando la implantación de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) a través de la elaboración de la Memoria de Sostenibilidad. La moción fue aprobada por unanimidad.
Tras varias preguntas durante los años siguientes, el que fuera concejal de Interior, Francisco Aznar, admitió en 2017 el evidente incumplimiento del Gobierno local, y se comprometió públicamente a elaborar una memoria de RSC en 2018. Desde entonces, no se conoce que se haya dado ningún paso efectivo en esta dirección a pesar de que el partido político impulsor forma parte del Ejecutivo municipal.
RCPL
La Responsabilidad Social Corporativa ha sido aplicada principalmente en el sector privado empresarial. Sin embargo, a pesar de que el concepto de RSC se pensó inicialmente para las empresas privadas, la evidente influencia del sector público como principal contratista municipal y sobre los sectores económicos, sociales y medioambientales ha llevado a considerar también la implantación de planes de Responsabilidad Corporativa en la propia Administración Pública.
Es por ello por lo que, recientemente, se ha definido un concepto específico de RSC para los ayuntamientos: la Responsabilidad Corporativa Pública Local (RCPL), que implica la asunción de una cultura de gobernanza que atienda las expectativas de los colectivos económicos, sociales y medioambientales del municipio con respecto a los compromisos del ayuntamiento en materia de desarrollo sostenible, valores sociales o transparencia informativa. Por todo esto, resulta necesario disponer de una herramienta que permita conocer cuál es el nivel de la responsabilidad social en los ayuntamientos. El proceso de implantación de la RSC en una institución se concreta en la elaboración de la citada memoria.
Sin obligación legal
En el actual ordenamiento jurídico español no existe todavía una obligación legal para que las administraciones públicas locales publiquen información sobre su RS, ni siquiera en la Memoria Económica o en sus Cuentas Anuales. Tampoco aparece esa exigencia explícitamente en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013. Por tanto, diversas administraciones públicas está dando los primeros pasos sin un marco jurídico que le obligue a hacerlo, pero espoleada sin duda por los resultados del estudio de RSC de la Universidad de Murcia.
Administración regional
A nivel regional, se espera que la llamada Ley de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción suponga otro paso decisivo en la implantación de la RSC en la Región de Murcia pero, tras presentarse por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en julio de 2019, fue retirada sólo dos meses más tarde sin que llegara a tramitarse para, según fuentes del Gobierno regional, fuera ampliada con los aportes de las nuevas direcciones regionales que se crearon tras la conformación del Gobierno de coalición de PP y Cs.
La Comisión Interdepartamental de RSC, integrada por todos los departamentos de la Administración autonómica, se constituyó en 2011 como órgano encargado de coordinar y promocionar todas las acciones de Responsabilidad Social Corporativa y una de sus funciones era elaborar una memoria anual en la que se recogieran las actuaciones de la Administración regional relacionadas con la RS, incluidas las que buscan su implantación en la propia administración, pero, desde hace nueve años, el Gobierno regional está faltando a su compromiso de publicar esta memoria.
En enero de 2014, la Consejería de Empleo publicó la Estrategia regional para el Fomento de la Responsabilidad Social Corporativa, 2014-2015, con multitud de propuestas internas y externas, cuyo nivel de cumplimiento no se conoce. Se trata de la primera y última estrategia de RS que el Ejecutivo muciano haya publicado.
En 2016, el Gobierno regional se sumó como socio institucional a la Campaña Enterprise 2016-2020 promocionada por Forética. Esta adhesión propició que las empresas de la Región de Murcia pudieran solicitar su participación a través de proyectos de fomento del empleo y creación de espacios más saludables y sostenibles.
Por último, en 2018, la Comunidad impulsó el Proyecto de Impulso a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) con siete jornadas teóricas y talleres sobre esta práctica principalmente a pymes y ONG de la Región de Murcia, pero también a los diferentes departamentos de la Administración regional e incluso a los propios ciudadanos, de cara a su progresiva implantación.
