El Tribunal Constitucional impedirá a la Comunidad Autónoma abonar a los 54.000 funcionarios de la Administración regional los 42,5 millones que pensaba devolverles entre 2020 y 2021 a cuenta de la extra suprimida en 2014. La sentencia conocida este jueves también anula la disposición adicional decimoséptima de la Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2019 que permitió devolver otra paga extra con el mismo importe suprimida en 2013, que ya fue abonada. La Consejería de Hacienda sostiene que, según establece el fallo del Constitucional, los funcionaros podrán quedarse el dinero que ya han cobrado.

El Gobierno central recurrió la devolución pactada por la Consejería de Hacienda con los sindicatos en la Mesa de la Función Pública al considerar que el déficit, el incumplimiento de la regla de gasto por parte de la Comunidad y la situación de las cuentas regionales no lo permitían.

El Consejo de Ministros argumentó en su recurso, presentado el pasado mes de septiembre, que sólo pueden devolver las pagas suprimidas dentro de los planes de ajuste aquellas administraciones que cumplan los objetivos de déficit y la regla de gasto.

Ahora el Pleno del Constitucional ha estimado por unanimidad el recurso presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha declarado inconstitucional la devolución de la extra suprimida para reducir el gasto y amortiguar el déficit. La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Cándido Conde-Pumpido Tourón, explica que la disposición adicional recogida en las cuentas de la Comunidad del pasado año ha vulnerado la Constitución.

Destaca que la normativa de la Comunidad Autónoma de Murcia que ha sido anulada no respeta las medidas de contención del gasto público establecidas por el Estado, «que responden con toda evidencia a las exigencias derivadas del principio constitucional de estabilidad presupuestaria (artículo 135 Constitución Española) y a la necesaria coordinación de la autonomía financiera de las comunidades autónomas con la Hacienda general del Estado y la solidaridad entre todos los españoles».

El Tribunal, apoyándose en su amplia doctrina constitucional, explica que «es una competencia del Estado fijar la contención del gasto de personal del sector público, que puede ser articulado mediante medidas de diversa intensidad y naturaleza. Tales medidas pueden imponer restricciones absolutas para el ejercicio presupuestario a que se refieren o bien su aplicabilidad puede depender del previo cumplimiento o incumplimiento por la entidad del sector público de determinados parámetros económicos».

Los funcionarios de la Comunidad Autónoma cobraron en febrero de 2019 el 75% de la paga extra suprimida en 2013, de acuerdo con los plazos pactados por la Consejería de Hacienda y los sindicatos. La Administración regional ya había devuelto el 25% del complemento autonómico de la extra de 2013 junto con la nómina de octubre de 2018. En total, el dinero recuperado por los empledos de la Administración regional asciende a 42,5 millones. De no haber sido por la sentencia del Constitucional, entre 2020 y 2021 recuperarían otros 42,5 millones.