La Audiencia Provincial de Murcia juzga desde este lunes a dos mujeres y un hombre acusados de prostituir a una menor tras someterla en Nigeria a un ritual de vudú o yuyu por el que juró obediencia ciega a quienes la tuvieran a su cargo si no quería sufrir graves consecuencias ella o su familia.

A las mujeres se les atribuye un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y al hombre, cliente de la chica -todos ellos naturales de ese país-, uno de prostitución de un menor de edad.

Las conclusiones provisionales de la fiscalía señala como principal acusada una de las mujeres, para la que pide penas que suman nueve años de prisión al atribuirle también un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Según la acusación estatal, esta mujer contactó con su cuñada en ese país, quien localizó a una joven que por sus orígenes humildes "podía ser idónea para sus ilícitos propósitos" y a la que propusieron viajar a España, donde le dijeron que podía tener mejores perspectivas para el estudio y el trabajo.

Le ocultaron que cuando llegara a España sería destinada a ejercer la prostitución en las afueras de la ciudad de Murcia, en un lugar apartado en el que las prostitutas mantenían contactos sexuales con sus clientes.

En la creencia de que venía a estudiar, llegó por tierra a Libia, desde donde arribó en patera a Italia en noviembre de 2016 acompañada en todo momento por hermanos de la principal acusada, que se entrevistó personalmente con ella en ese país y le dio un pasaporte y documentación a nombre de otra persona.

Llegó a ser llevada a un centro de peluquería o estética para copiar el peinado y rasgos físicos de esa otra mujer y aparentando así ser mayor de edad, según el fiscal.

Luego llegó en avión a Madrid y de allí contactó en Murcia con la segunda acusada, presuntamente concertada con la primera para que la menor fuera explotada sexualmente y se le cobraran además 175 euros mensuales por su manutención y en pago de una deuda que cifraban en 37.000 euros.

El ministerio público reclama para la otra acusada ocho años de prisión y para el cliente tres y que ellas indemnicen a la perjudicada de forma conjunta y solidaria con 75.000 euros por daños materiales y morales y él con 3.000.