La televisión autonómica está al borde del apagón. El próximo 30 de abril expira la concesión adjudicada por el Gobierno regional a Secuoya, pero el Gobierno no ha convocado el concurso para renovar el contrato, lo que entraña el riesgo de que La 7 vuelva a ir 'a negro', tal y como ocurrió en agosto de 2012, cuando el Ejecutivo rescindió unilateralmente el que tenía GTM, que fue la primera concesionaria. En apenas tres meses y una semana la Comunidad tiene que aprobar el Contrato Programa que regirá las clásulas del contrato, sacar a concurso la nueva concesión, dar tiempo a que se presenten las ofertas y estudiar las condiciones que ofrecen las empresas. Materialmente no hay tiempo de que el 1 de mayo haya una nueva adjudicataria al frente del canal autonómico, pero el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, guarda un as en la manga que le permitiría ampliar la concesión a Secuoya por nueve meses más.

La Consejería de Hacienda publicó ayer en el Boletín Oficial de la Región (BORM) el 'Estudio de viabilidad económico-financiero del concurso de gestión indirecta del servicio público de comunicación audiovisual televisiva', con lo que ha resuelto uno de los trámites previos.

Este estudio establece una aportación anual de 15,5 millones a la empresa concesionaria. La paradoja es que la asignación presupuestaria se ha establecido con anterioridad a la aprobación del contrato programa en el que deberán establecerse las exigencias a la empresa que se lleve la concesión. Esta era una de las alegaciones que presentó el anterior director general del ente público Radio Televisión de la Región de Murcia (RTRM), Juan Miguel Aguado, al entender que carece de sentido establecer el coste del servicio antes de determinar los contenidos y el modelo de televisión que la Comunidad Autónoma pretende desarrollar durante los próximos cinco años.

Según indicaron fuentes de la Consejería de Hacienda, en las próximas semanas podría firmarse el contrato programa que está ultimando el nuevo director general de RTRM, Mariano Caballero, y que después tiene que ser aprobado en Consejo de Gobierno.

El portavoz del departamento de Javier Celdrán añadió que al mismo tiempo se están preparando los pliegos del concurso para ganar tiempo. También señaló que el Ejecutivo regional tiene intención de acelerar los plazos al máximo, con el fin de evitar el apagón de la televisión autonómica.

Sin embargo, López Miras ha demostrado hasta ahora que no tiene ninguna prisa. De hecho, cuando en marzo del 2019 se publicó el primer anuncio el BORM que ponía en marcha los trámites previos a la convocatoria del concurso, la orden fue retirada y el proceso de licitación quedó interrumpido.

Aunque el contrato adjudicado a principios de 2015 al Grupo Secuoya no admite ya nuevas prórrogas, el Ejecutivo regional podría acogerse la excepción prevista en la Ley de Contratos que permite ampliar de forma provisional una concesión para evitar la suspensión de un servicio público y seguir contando con el favor de una concesionaria a la que el propio López Miras le adjudicó el contrato que está a punto de expirar cuando era secretario general de la Consejería de Hacienda.

El requisito para poder utilizar esta baza es que el concurso para la renovación del nuevo contrato esté convocado cuando expire la concesión, el 30 de abril. Sin embargo, existen discrepancias acerca de esta excepción, dado que está pensada para evitar la interrupción de un servicio público de carácter básico, pero no está claro si esta definición puede atribuirse también una televisión autonómica. Estas diferencias podrían dar lugar incluso a un recurso que entorpeciera el plan.