El Tribunal de Cuentas reprocha a la Comunidad que haya limitado su actuación en el Mar Menor a rebajar la presión de la actividad agrícola «sin abordar de forma integral la protección y gobernanza de este espacio protegido». En su informe correspondiente a las cuentas de 2017, el órgano fiscalizador critica el incumplimiento de las medidas establecidas por la propia normativa de la Comunidad y «las incoherencias» y falta de coordinación con las demás administraciones. El Tribunal de Cuentas también vuelve a plantear en su informe las irregularidades detectadas en la desaladora de Escombreras y reclama nuevamente la disolución de la sociedad adscrita a la Consejería de Agricultura que mantiene los compromisos de pago con ACS. Destaca que, después de las aportaciones realizadas desde el año 2009, cuando la planta entró en fase de pruebas, el importe por pagar alcanza los 395.164.000 euros para el periodo 2018-2034. Detecta igualmente que los gastos financieros ocasionados por la planta registran «incrementos superiores al 10% anual» y suponían el 39% del coste total del contrato con ACS. Esto hará que en 2034, cuando venza el contrato, alcanzarán los 26 millones anuales. El informe recuerda igualmente que la Comunidad acumula deudas con la empresa Tedagua, que gestiona la planta, y constata que la desaladora no podrá alcanzar nunca los 21 hectómetros públicos previstos inicialmente.