El Ministerio de Educación da un mes a Murcia para retirar el 'pin parental'

Así lo anunció este lunes la ministra de Educación, Isabel Celaá, en un acto de los socialistas vascos en Llodio (Álava). Según Celaá, su Ministerio formalizará un recurso contencioso-administrativo dentro de un mes si no obtiene respuesta del Gobierno regional al requerimiento remitido el viernes pasado, aunque descarta intervenir la autonomía murciana por este asunto.

Celaá aseguró que el Gobierno «no» está barajando esta opción. «Vamos a ir viendo», afirmó, para recordar a continuación que lo que ha hecho el Ejecutivo es enviar un requerimiento al Gobierno de Murcia con el fin de que «reponga la legalidad y restaure un sistema educativo normalizado. No queremos ir a los tribunales», manifestó Celaá, quien apeló a «la sensatez y la moderación». El jueves pasado, la ministra anunciaba que recurriría por la vía judicial cualquier iniciativa «dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado» como el 'pin parental'.

La Consejería de Educación incluyó en sus instrucciones a los centros educativos la obligación de «dar conocimiento a la familias» de «las actividades complementarias de las programaciones docentes que forman parte de la propuesta curricular» y fuesen impartidas por personal ajeno al centro. Todo para que las familias «puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades».

Esta medida fue bautizada como 'pin parental' por las organizaciones que la han promovido, como Hazte Oír.

Celaá recordó que fue el Partido Popular el que, a través de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) (conocida como 'ley Wert') «retiró» a los padres y madres «la capacidad decisoria» que, a través de su presencia en los consejos escolares, tenían sobre las actividades y programas de los centros educativos de sus hijos.

El requerimiento enviado por el Ministerio de Educación al Gobierno regional para que retire el 'pin parental' argumenta que esa medida defendida por Vox es «una suerte de objeción de conciencia no prevista en la ley» educativa. Lo señala el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, en el documento de cinco páginas que lleva su firma y que se ha enviado a la Consejería de Educación y Cultura para que retire las instrucciones de comienzo del curso 2019-20 a los centros de Infantil y Primaria y de Secundaria y Bachillerato. Indica que estas normas «exceden el ámbito propio de las instrucciones u órdenes de servicio, teniendo vocación reglamentaria y pretendiendo generar efectos jurídicos más allá del mero ámbito autoorganizativo interno y no han sido objeto de publicación en un diario oficial», dice el requerimiento al que ha tenido acceso Efe.

Añade que contravienen diversos tratados internacionales ratificados por España y supone, «establecer mediante un instrumento carente de eficacia jurídica ad extra una suerte de objeción de conciencia no prevista en la ley». También vulneran la normativa básica estatal y de la propia normativa reglamentaria de la Comunidad.

Indica también que, según la normativa murciana, tendrán solo carácter voluntario para los alumnos las que se hagan fuera del centro o que precisen aportaciones económicas de las familias.