La futura delegada del Gobierno para la Violencia de Género y todavía diputada de Podemos Victoria Rosell ha puesto sobre la mesa este lunes la posibilidad de aplicar al Gobierno de Murcia el artículo 155 de la Constitución si el Ejecutivo autonómico sigue adelante con el conocido como 'pin parental', una polémica medida impulsada por Vox que permite a los padres vetar la participación de sus hijos en las actividades complementarias del colegio que ellos consideren.

No obstante, poco después ha aclarado en un mensaje de su cuenta de Twitter que este planteamiento no era una propuesta sino una "ironía", para comparar el comportamiento de PP, Ciudadanos y Vox a este respecto con la desobediencia del Gobierno catalán. "La frase empieza '¿se imaginan?' y termina con una carcajada. Se llama ironía. Lo de enfrente, manipulación", ha afirmado.

En declaraciones a la Cadena Ser, Rosell ha afirmado: "Hay unos cauces jurídicos que pueden ser no necesariamente judiciales sino incluso administrativos de requerimiento para que cumpla la obligación, imagínese, incuso de un 155 en Murcia, porque se niega a tratar a todo su alumnado por igual, o a garantizar los derechos de las personas más vulnerables".

"Pero donde falla el diálogo político, si realmente se cierran a ello, que sería una lástima, sería digamos el camino similar al de Cataluña, la actuación unilateral para quebrantar el ordenamiento jurídico por parte de quien nos han machacado y han ganado las elecciones en determinados sitios, probablemente con su discurso antidiversidad y anticatalanista", ha apostillado.

El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ya anunció el pasado viernes que había remitido a la Consejería de Educación de la Región de Murcia un requerimiento para que proceda a la retirada de las instrucciones enviadas a sus centros educativos a principio de curso donde permitía el 'pin parental'.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez argumenta que esa medida va en contra de la Ley de Educación, de la Ley de Violencia de Género y de los Convenios Internacionales. Por ello, han enviado al Gobierno murciano --integrado por el PP y Ciudadanos, y con apoyo externo de Vox-- un requerimiento, antes de recurrir a los tribunales, si no atienden su petición.

"Una barbaridad"

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha considerado este martes una "barbaridad" el requerimiento del Ministerio de Educación al Ejecutivo murciano para que derogue el pin parental o que se pueda plantear aplicar el artículo 155 en caso de desobedecerlo.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha dado un mes de plazo al Gobierno de Murcia para "restaurar la legalidad" y retirar el "veto parental", mientras que la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha ironizado con la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución para impedir que se implante.

"Parece que están compitiendo por quién dice la barbaridad más grande", ha dicho en declaraciones a los medios López Miras, quien ha añadido que la libertad de los padres y madres de la región de Murcia es "innegociable".

"Además de ser una barbaridad esto que dice, se está equivocando de ventanilla; la ventanilla para el 155 está en Cataluña y a los que tienen que perseguir y ante los que tienen que depositar toda la acción de la justicia no es ante los padres y madres de la región de Murcia, sino a aquellos que quieren romper España. Con esos sí que hay que ser valientes", ha espetado.

Para López Miras, es una "frivolidad" hablar de desobediencia en este asunto con la situación actual en Cataluña, al tiempo que ha afirmado que los servicios jurídicos de la comunidad autónoma están estudiando la figura legal que respalde la implantación de este permiso.

Preguntado por la aprobación de la autorización previa que se pide a los progenitores de los alumnos desde el principio de curso para participar en las actividades complementarias cuando estas son obligatorias y evaluables, ha afirmado que su gobierno no ha tomado "ninguna decisión que no estuviera avalada" por los servicios jurídicos y la inspección educativa de la comunidad autónoma.

En su opinión, la actuación del Gobierno central en este asunto obedece a que busca no hablar del nombramiento como fiscal general del Estado de la exministra de Justicia y diputada del PSOE Dolores Delgado.

Por otra parte, López Miras ha anunciado que se aprobará el anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2020 en el Consejo de Gobierno del próximo jueves o de la próxima semana, una vez que el PP, Cs y Vox han alcanzado un acuerdo para aprobarlo sin enmiendas en la Asamblea Regional.