Las protestas de pensionistas en toda España reclamaban, entre otras cuestiones, que la cuantía mínima de las pensiones llegara a ser del 60 por ciento del salario mínimo con una revalorización anual según el coste de la vida.

También que la financiación de las pensiones se garantizase tanto por las cotizaciones sociales como por impuestos para que la sociedad, en su conjunto, responda a las necesidades de los más vulnerables, así como mecanismos para la desaparición de la brecha de género en las pensiones.

También exigían la reversión del modelo privativo de residencias, además de seguir avanzando en la reversión de las privatizaciones, concesiones y externalizaciones en hospitales públicos, con la subida de la ratio de médicos, personal sanitario y camas por habitante.