19 de enero de 2020
19.01.2020
Investigación

La Guardia Civil precinta en la Región 38 desalobradoras y 35 pozos ilegales desde 2017

En abril del año pasado se llevó a cabo una macrooperación de búsqueda de desalobradoras ilegales en varios municipios del Mar Menor

19.01.2020 | 13:28
La Guardia Civil precinta en la Región 38 desalobradoras y 35 pozos ilegales desde 2017

Un total de 107 personas han sido detenidas o investigadas por el Seprona de la Guardia Civil dentro de una campaña de inspecciones en la que se han localizado 1.457 instalaciones ilegales de extracción de agua, de las que 1.410 son pozos y 47 balsas.

En Murcia, el Seprona finalizó una operación que llevaba desarrollando desde 2017 y localizó y precintó 38 plantas desalobradoras y 35 pozos irregulares.

Muchas de las desalobradoras se encontraban en el interior de zulos camuflados en el subsuelo para evitar su detección, y otras incluso estaban instaladas sobre remolques de vehículos.

Según ha informado la Dirección General del instituto armado, se trata de la operación Mizu, encaminada a vigilar y controlar los acuíferos subterráneos y los superficiales y por la que se ha procedido a detener o investigar a 107 personas.

A todas ellas se les atribuye delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, de distracción de aguas-usurpación y de defraudación de agua.

En la Región de Murcia la Guardia Civil llevó a cabo en abril del año pasado una macrooperación de búsqueda de desalobradoras ilegales, vertidos de salmueras y pozos de agua sin permiso en explotaciones agrícolas de varios municipios ribereños del Mar Menor.

El dispositivo, puesto en marcha por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, halló, en su primer día, al menos una veintena de plantas ilegales, según fuentes de la investigación, además de otros tantos pozos pinchados sin permiso.

Durante los cinco meses en los que se ha desarrollado la operación se han realizado 1.800 inspecciones para la localización de pozos ilegales e investigación de las extracciones ilícitas de aguas.

El Seprona ha formulado 2.198 infracciones, la mayoría catalogadas como incumplimientos a la normativa sobre aguas, pero también a la normativa sobre minas y urbanismo y ordenación del territorio.

La Guardia Civil recuerda que "la reciente aceleración del cambio climático, junto con el exponencial cambio de cultivos que se vienen produciendo en determinadas zonas, acompañado de una subida generalizada de las temperaturas, especialmente en el Mediterráneo, ha dado paso a una sobreexplotación del recurso hídrico fundamental para la vida, el agua".

Uno de los métodos más usados recientemente es la perforación de pozos para la captación de agua subterránea, una actividad ilegal que ha dado lugar a múltiples perforaciones por toda la geografía española.

Pozos que, a su vez, conllevan un riesgo importante para personas y animales una vez abandonada la actividad, resalta el Seprona.

Entre las actuaciones realizadas, destaca la del acuífero del Parque Nacional de Doñana, donde se detectaron 28 excavaciones y 37 pozos ilegales. En el curso de la operación, que aún se encuentra abierta, se ha procedido a la investigación de 13 personas jurídicas y 16 personas físicas.

Mientras, en Lucena del Puerto (Huelva), agentes del Seprona, con el apoyo de otras unidades de la Guardia Civil y del personal de la Agrupación de Reserva y Seguridad, procedieron a la clausura de 77 pozos ilegales, todo ello a raíz de unas acciones iniciadas en 2012 que dieron lugar a una de las investigaciones más importantes llevadas a cabo contra la extracción ilegal de aguas.

La operación Mizu se enmarca dentro de las específicas para la reducción de delitos contra la fauna y destrucción de hábitat, así como para el esclarecimiento de la responsabilidad penal en este tipo de delitos, recuerda la Guardia Civil.

Son actuaciones previstas por el proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza contra el crimen ambiental, financiado por la Unión Europea, y en el cual el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil participa como socio beneficiario.

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