La empresa promotora de Puerto Mayor, a la que la Consejería de Fomento no había conseguido localizar desde hace meses para comunicarle que daba por caducada la concesión obtenida por Tomás Maestre en 1975, ha reaparecido para recurrir el acuerdo del Consejo de Gobierno que le dio un plazo de dos meses para desmantelar la obra. La reclamación está siendo estudiada en estos momentos por los Servicios Jurídicos del departamento de José Ramón Díez de Revenga, que previsiblemente acabarán desestimándola, dado que la actuación del Ejecutivo está avalada por varios dictámenes del Consejo Jurídico de la Región.
La decisión del Ejecutivo que resolvía definitivamente la caducidad de Puerto Mayor fue adoptada el pasado 24 de octubre, pero el plazo no empezó a contar hasta varias semanas después.
El Gobierno regional ha tenido que recurrir al Boletín Oficial de la Región (BORM) y al Boletín Oficial del Estado (BOE) para conseguir que llegaran a darse por enterados los herederos de la empresa que empezó a construir en 2004 la dársena deportiva proyectada en La Manga, junto al puente del Estacio. La resolución fue publicada en el BORM el 9 de noviembre de 2019 y apareció en el BOE el 12 de noviembre.
El acuerdo del Ejecutivo regional establece «la obligación» de retirar las tablestacas clavadas en el fondo del mar, unas planchas de acero utilizadas para la construcción de los pantalanes, que fueron instaladas sin la autorización del Ministerio de Medio Ambiente y sin presentar ningún proyecto. La resolución del Consejo de Gobierno también establece que la empresa «no tiene derecho a indemnización alguna».
Tal y como se preveía, la promotora de la obra, la sociedad Puerto Mayor, S. A., ha interpuesto un recurso contra la caducidad y trata de hacer valer una decisión preconstitucional, con la que incluso pretendía ganar terrenos al mar para edificar viviendas.
El desmantelamiento de Puerto Mayor tropieza así con un impedimento previsible, teniendo en cuenta que la sociedad lleva más de treinta años de litigios contra la Comunidad Autónoma.
Fuentes de la Consejería de Fomento han apuntado que el recurso está siendo estudiado en este momento por los Servicios Jurídicos, que previsiblemente lo desestimarán, al considerar que no han cambiado las circunstancias que dieron lugar a caducidad: «la no iniciación, paralización o no terminación de las obras injustificadamente».
La Consejería da por hecho que la concesión se considerará totalmente caducada hasta que no haya una sentencia firme que diga lo contrario.
El acuerdo del Consejo de Gobierno del 24 de octubre está respaldado por varios dictámenes del Consejo Jurídico, que prácticamente tuvo que forzar a la Comunidad a dar por muerta una autorización de 1975, que la sociedad PuertoMayor estuvo renovando durante años, hasta que el Ejecutivo de Carlos Collado decidió darla por caducada en 1988. A partir de entonces se inició un intrincado proceso judicial, que concluyó en 2010, cuando los tribunales obligaron a la Comunidad a volver a la casilla de salida y a resolver si era válida o no.
Fomento recuerda que «la caducidad de la concesión de Puerto Mayor tiene como fin liberar la zona de los condicionantes derivados de un proyecto planteado para otros tiempos y otros modelos de desarrollo y turísticos que han demostrado estar obsoletos. Merece la pena aprovechar un entorno como ese para mejores usos que habrá que estudiar con detenimiento en su momento».
Durante los últimos tres lustros lo único que ha habido en este entorno es un estercolero y una valla metálica que rodea el recinto.
