17 de enero de 2020
17.01.2020
Educación

El pin parental, al banquillo

El Ministerio de Educación recurrirá ante los tribunales la decisión del Gobierno regional de imponer este sistema en los centros educativos

16.01.2020 | 23:27
El pin parental, al banquillo

Aseguran que esta «censura previa» vulnera las competencias que tienen atribuidas los colegios murcianos para tomar las decisiones curriculares.

El pin parental, el principal escollo para sacar adelante los presupuestos de la Región y medida necesaria para que Vox apoye las cuentas–como finalmente hará–, provocaba ayer un nuevo terremoto político. El Ministerio de Educación, dirigido por Isabel Celáa, anunció que recurrirá por la vía judicial «cualquier iniciativa dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado. No lo vamos a tolerar».

Recuerdan al Gobierno de López Miras que el pin parental, con el que se pretende que los padres tengan que autorizar de manera previa y expresa la asistencia de sus hijos a cualquier tipo de actividad celebrada en el centro escolar, recibiendo una información anticipada de todas ellas, es contraria a la Ley de Educación, a las propias normas autonómicas, a la Ley Contra la Violencia de Género y a la Ley de Igualdad LGTBI aprobada en la Asamblea en 2016. Esta iniciativa, defienden desde el Gobierno, ha generado «una gran controversia y rechazo por parte de la comunidad educativa» porque «va dirigida a censurar la actuación de los profesores».

Las instrucciones de comienzo del curso recogen la obligación a todos los colegios de imponer esta «censura previa» para todas las actividades de los centros. Sin embargo, apunta Celáa, «los alumnos tienen la obligación de asistir a las actividades complementarias programadas por los centros educativos, que además son evaluables». El veto por parte de los padres a la asistencia de los alumnos a estas actividades supondría una «objeción de conciencia encubierta no aplicable al terreno de la educación».

En este sentido, señalan que el propio Tribunal Constitucional ha señalado en diversas sentencias que el derecho a la objeción de conciencia solo existe en nuestro ordenamiento en los casos expresamente contemplados por la Constitución y las leyes.

«Cualquier norma que recogiera esta censura previa, este veto, vulneraría los derechos de los alumnos a recibir una educación integral, para el pleno desarrollo de la personalidad en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales», ha manifestado Celáa. En este sentido se ha expresado el presidente, Pedro Sánchez: «El pin parental vulnera el derecho de los niños y niñas a la educación. Se trata de un derecho fundamental, de un derecho constitucional. Por eso, el Ministerio de Educación recurrirá ante los tribunales la decisión del Gobierno de la Región de Murcia. Seremos firmes».

Para el Ejecutivo socialista, el pin parental «colisiona con el derecho constitucional fundamental a la educación», además, incluso, de contravenir diversos tratados internacionales ratificados por España, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Memorándum de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia.

Son los docentes, subraya Celáa, quienes «tienen la competencia para diseñar las actividades complementarias» que consideren convenientes y dar así cumplimiento a lo establecido en los currículos correspondientes.

La aprobación ahora del pin parental de Vox no cambia esta situación; al contrario, más bien la empeora.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook