«Estáis pisoteando el derecho a la libertad de educación. Pretendéis moldear a los niños con vuestras chaladuras y sectarismos. Seguiremos protegiendo a las familias de vuestras pulsiones totalitarias. Dejad a nuestros hijos en paz», escribió ayer el presidente de Vox, Santiago Abascal, en su perfil de la red social Twitter respondiendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras anunciar que el Ejecutivo central llevará el pin parental a los tribunales.

Abascal defendió ayer la implantación de esta medida como una herramienta contra las «chaladuras», los «sectarismos» y las «pulsiones totalitarias» que atribuye al Gobierno de PSOE.

El diputado murciano en la Asamblea Juan José Liarte se limitó a decir que, como abogado, está «encantado» de que el Ministerio de Educación lleve a los tribunales el pin parental: «Un fallo a favor del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo nos allanará el camino para el futuro».

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, por su parte, acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de «querer adoctrinar» en las aulas «de forma obligatoria», y comparó la implantación del pin parental en la Región de Murcia, como exigía Vox, con la asignatura de Religión, que PSOE y Unidas Podemos pretenden convertir en «voluntaria».

«Pedro Sánchez quiere adoctrinar a tus hijos de forma obligatoria con charlas extracurriculares. Sin embargo, deja elegir si dan clases de religión o no. Nosotros queremos libertad para todo», escribió García Egea también en Twitter para responder al mensaje de Sánchez.

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, declaró en Onda Regional que las acciones legales que pueda llevar a cabo el Ejecutivo de Sánchez no son más que una «maniobra de distracción». Fuentes del PP aseguraron ayer a esta Redacción que, efectivamente, «la autorización de los padres para las actividades complementarias está en vigor desde septiembre y se ha aplicado con toda normalidad».

Por el contrario, el diputado Javier Sánchez Serna celebraba la noticia afirmando que «el Gobierno de España va a garantizar el derecho integral a la educación, lo que incluye la educación afectivo-sexual». Además, pedía al Gobierno de Murcia que vuelva «a la senda del constitucionalismo democrático».