15 de enero de 2020
15.01.2020
Mar Menor

SOS Mar Menor pide que los agricultores paguen si contaminan

La plataforma reclama convertir la cuenca en un Parque Regional "para protegerla realmente"

14.01.2020 | 21:27
Miembros de la Plataforma, ayer durante la presentación del informe.

Critica que el decreto ley supone "pasos hacia atrás" respecto a la Ley de Medidas Urgentes que deroga.

«No es de protección del Mar Menor, dado los escasos y marginales avances respecto a la anterior ley derogada, y no es integral, a la luz de las grandes y sustanciales carencias de la misma». La Plataforma SOS Mar Menor presentó ayer la valoración del decreto ley de Protección Integral del Mar Menor, aprobado por el Gobierno regional el 26 de diciembre y validado por la Comisión Permanente de la Asamblea Regional la semana pasada.

Este colectivo considera que «la mejor manera de proteger el Mar Menor» sería declarar a toda la cuenca vertiente del Campo de Cartagena como Parque Regional y considera imprescindible que la franja «más restrictiva» para las actividades económicas se amplíe de medio kilómetro a dos.

Además, propone que se instaure un tipo de tasa por contaminar en la agricultura, que sea modulable en función de las buenas prácticas, a partir de 500 euros por hectárea. Es seguir la máxima de quien contamina, paga.

«Si pagamos un canon de saneamiento por depurar las aguas residuales, por qué no lo hace una agricultura que en un 80% es responsable de la degradación del Mar Menor», se pregunta.

También apuesta por prohibir la navegación a motor con fines recreativos.

La Plataforma está integrada por Ecologistas en Acción, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (FAVCAC), Greenpeace, Pacto por el Mar Menor, la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar y la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE).

Respecto al decreto ley, considera que «es un regalo de los Reyes Magos» para los agricultores, en palabras de la representante de Ecologistas en Acción, Julia Martínez, y lamenta que se hiciera de forma «apresurada y que «no sólo no es lo ambicioso, proteccionista e integral que debería, sino que en muchos casos supone dar pasos atrás» respecto a la norma que estaba en vigor.

De hecho, este colectivo considera que el 75% de sus contenidos ya están regulados en otras leyes o planes y que es más 'suave' que la Ley de Medidas Urgentes aprobada durante la anterior legislatura y que el decreto ley deroga, sobre todo en materia agrícola.

En su análisis SOS Mar Menor destaca que el resultado es que sólo 19 de los 85 artículos se corresponden «con ciertos avances menores, cuya incidencia real será bastante limitada».

En comparación, hay 62 artículos cuyas determinaciones son genéricas o ya recogidas en las normativas e instrumentos de planificación existentes.

«Y sobre todo, preocupan los 13 artículos en los que se dan pasos atrás, para contentar especialmente a la agroindustria, aunque también al urbanismo», añade.

Las medidas se centran en el sector agrícola, principal fuente de nutrientes y por tanto del actual estado de degradación del ecosistema, «pero lo hacen rebajando las propuestas más ambiciosas» de la Ley de Medidas Urgentes en cuanto a regulación de las actividades agrarias.

Por ejemplo, se elimina la prohibición de nuevos regadíos y el Código de Buenas Prácticas Agrarias deja de ser obligatorio.

Tampoco cambia «nada sustancial» en la regulación territorial y urbanística. «En todo caso se reduce la eficacia y duración de la moratoria, así como las restricciones a medio y largo plazo».

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Noticias relacionadas