El PP y Cs aceptan el 'pin parental' que reclama Vox para dar el voto de sus cuatro diputados a los Presupuestos de la Comunidad para 2020, mientras que la vicepresidenta del Gobierno regional Isabel Franco, mantenía ayer «la línea roja» ante esta exigencia del partido de ultraderecha y negó que exista acuerdo alguno, tras una reunión de las tres formaciones celebrada anoche, que duró cuatro horas. El consejero de Hacienda, Javier Celdrán (PP), y la portavoz del Ejecutivo, Ana Martínez Vidal (Cs), daban por hecho a mediodía que este jueves se cerrará un acuerdo definitivo para desbloquear las cuentas de 2020 y quitaban importancia a las exigencias impuestas por la formación de Abascal, entre las que figura también la eliminación de las subvenciones a los sindicatos UGT y CC OO y a la Croem y a las empresas de economía social.

Celdrán aseguraba que «hay consenso» entre los socios del Gobierno, a pesar de que por la tarde estaba convocada una reunión en la sede de la Consejería de Hacienda para avanzar en la negociación, con la presencia del PP, Cs y Vox, que naufragó. A este encuentro asistió la propia vicepresidenta, que llegó a la sede de Teniente Flomesta en un taxi, además de los diputados de Cs Juan José Molina, Valle Miguélez y Francisco Álvarez. La representación de Vox estaba encabezada por el presidente de la gestora de la Región, José Ángel Antelo, mientras que Celdrán ejerció de anfitrión.

Vox reclama la aprobación de un decreto que regule la autorización de los padres a las actividades extraescolares para que puedan decidir el contenido de las charlas a las que asisten sus hijos. Esta exigencia se ha convertido en el mayor escollo para la negociación.

Por su parte, la vicepresidenta regional y también consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social manifestaba a primera hora del martes en declaraciones a Onda Regional que el 'pin parental' marca «una línea roja» y anoche aseguró que la reunión había terminado «sin acuerdo».

Sin embargo, unas horas antes el consejero de Hacienda había dicho que «hay consenso» entre los socios del Gobierno regional (PP y Ciudadanos) y Vox para la implantación del 'pin parental' porque, según dijo, garantiza la libertad de los padres sobre la educación de sus hijos, informó EFE. «Más allá de cómo lo llamemos, sea 'pin parental' o formulario de autorización expresa para actividades complementarias, en lo que sí hay consenso entre los tres partidos es en que haya libertad por parte de los padres de poder autorizar o no a sus hijos cuando imparte una charla alguien que es ajeno al centro, con independencia de lo que se dé», dijo Celdrán.

Recordó que los centros educativos de la Región ya aplican de hecho este 'pin parental', pues así lo ordenó la Consejería de Educación en las instrucciones remitidas al comienzo del curso, por lo que ahora se trata de «dar mayor cobertura normativa» a esa instrucción e incluirlo «de manera fija» en los reglamentos educativos. Añadió que agradece como padre ser informado de las actividades extraescolares en las que van a participar sus hijos, desde una charla con los bomberos, hasta un taller de grupos ecologistas para el reciclaje de vidrio: «Tenemos derecho a estar informados y autorizar o no» a los menores en actividades impartidas por personal ajeno al centro, insistió.

Por su parte, la portavoz del Gobierno indicó que Javier Celdrán le había informado de que la intención del encuentro del jueves es que «se cierre un acuerdo» entre las formaciones que conforman el Ejecutivo murciano, informó Europa Press. Sobre el 'pin parental' dijo que «todos vamos a hacer un esfuerzo para llegar a un entendimiento». Como ejemplo, recordó que en Andalucía «se ha acordado un documento entre PP, Cs y Vox, y también se ha redactado un punto referente al 'pin parental', así que estoy convencida de que llegaremos a un acuerdo muy pronto».

Celdrán también adelantó que hay acuerdo en la rebaja de subvenciones a la patronal, sindicatos y otras organizaciones. Dijo que esta petición va en la línea de un mayor control para suprimir ayudas no justificadas, lo que no quiere decir que no se retribuya la labor institucional de este tipo de entidades, sino que hay que «evolucionar» y emplear criterios «más transparentes, justificados y objetivos».